El próximo lunes culmina el Estado de Alarma y Cáceres regresará a una nueva normalidad después de 100 días que han cambiado la forma de entender las relaciones sociales, pero que sobre todo ha acarreado el dolor por los muertos en el área de salud más castigada por el coronavirus y una profunda crisis económica derivada de la pandemia.

Es hora de hacer un balance desde el punto de vista de los servicios sociales y la seguridad policial que ha llevado a cabo el ayuntamiento. En el primer ámbito, desde el 24 de febrero hasta el pasado día 11, Cáceres ha concedido 854 ayudas cifradas en 400.016,23 euros. De ellos, 4.952,76 fueron para productos farmacéuticos, 6.653,61 se destinaron a leche maternizada y 520 euros se dedicaron a alojamientos alternativos para personas necesitadas.

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales ha recibido una media de 25 llamadas en cada uno de los números de teléfono habilitados como puerta de entrada para la derivación a los distintos servicios de información, tramitación de subvenciones, menores o personas mayores.

Muchas de esas llamadas, según indica un informe realizado por este organismo al que ha tenido acceso este diario, se derivaban a servicios como el SEPE, el Sexpe, la Fundación Atenea o el Banco de Alimentos, entre otros. Los usuarios realizaron consultas relacionadas especialmente con la educación, el alquiler o la renta mínima. Solo el 11 de junio se tramitaron 12 ayudas por importe de 5.562,67 euros para alquiler de vivienda habitual, hipoteca, gastos básicos de la vida diaria, prótesis dental o mobiliario.

El mismo documento detalla que desde el 25 de marzo, diariamente se remite a los auxiliares de Servicios Sociales, administrativos y trabajadores un listado de la situación contable de las ayudas económicas del Imas, al objeto de que estén informados y puedan informar a su vez a los usuarios que llaman preguntando por su solicitud.

Además, en la actualidad están activadas 196 órdenes de protección. Se han tramitado 21 denuncias, seis quebrantamientos de órdenes de alejamiento y una agresión por violencia de género en La Madrila. Hay 11 mujeres que disponen de teleasistencia.

Las personas mayores no han dejado de tener atención desde el consistorio. Ha vuelto la ayuda a domicilio y hay 337 usuarios activos en la teleasistencia. El Centro Vida, destinado a las personas sin hogar, está al completo. La brecha social es más patente aún y la recuperación económica de la capital se prevé lenta, aunque con esperanza, según ha dicho esta semana el alcalde, Luis Salaya.

En cuanto a la seguridad, el Estado de Alarma terminará con 1.206 denuncias propuestas para sanción. De ellas, hay 101 infractores reincidentes y cinco detenidos. Según indica el concejal de Seguridad Ciudadana, Andrés Licerán, se han identificado en la vía pública a 8.930 con 836 denunciados. Durante este periodo se han controlado en la vía pública a 15.021 vehículos y se ha multado a 353 conductores.

Como poco, los afectados se enfrentan a una multa mínima de 600 euros, aunque en el peor de los casos la cantidad máxima alcanzaría los 30.000. Eso supone que, por lo bajo, el ayuntamiento recaudará 723.600 euros.

A lo largo de este tiempo ha habido casos de los más variopintos: vecinos de localidades cercanas que venían a pasar el fin de semana a Cáceres, que se trasladaban a segundas residencias haciendo senderismo, dos familias que fueron a sendas casas para celebrar una fiesta de cumpleaños o personas de pueblos que venían a la capital a comprar pizzas.

Los hay que fueron localizados diciendo que iban a buscar tabaco tres kilómetros más allá de sus domicilios o «porque se les había acabado el pimentón, que es una de esas cosas que por mucho que la uses nunca se acaba», confirmaba no sin cierta ironía el concejal Licerán. Otro de los casos curiosos ocurrió la semana del 20 de abril, cuando de madrugada un hombre, al ver a los agentes, dejó abandonado su coche en las inmediaciones de la ronda de San Francisco y se montó en un taxi. Fue interceptado.