Durante el desarrollo de una operación policial sufrió lesiones de cierta consideración por parte de la persona cuya detención se practicó en el transcurso de la misma. Por estos hechos, el agresor, Ramón V. N., fue declarado por un juez autor responsable de un delito de resistencia a la autoridad y de un delito de lesiones, por los que se le impuso una condena de 1 año de prisión (seis meses por cada uno de los delitos) y el pago de una indemnización de 4.360 euros al agente lesionado. Pero posteriormente otro juez declaró insolvente al acusado, motivo por el que el agente agredido solicitó ser indemnizado por la Administración.

Las lesiones que le fueron producidas al agente J. M. G. en acto de servicio tuvieron lugar hace ya casi cinco años. Ocurrieron concretamente el 23 de junio del 2006, y fue tres años después, el 23 de junio del 2009, cuando el director general de la Policía dictó la resolución por la que se desestimaba la solicitud del agente a ser indemnizado. J. M. G., en desacuerdo, recurrió a la vía judicial y, con fecha 13 de julio de ese mismo año, presentaba un recurso contra dicha resolución desestimatoria del director general de la Policía.

Su recurso ha sido estimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx, que resuelve a su favor: Anula la resolución del director general de la Policía "por no ser ajustada a derecho" y reconoce a J. M. G. el derecho a percibir de la Administración la cantidad de 4.360 euros, más los intereses legales sobre este importe desde la fecha de la reclamación administrativa.

Los hechos que dan lugar a esta resolución judicial ocurrieron el 23 de junio del 2006, cuando, según recoge la sentencia de la Sala del TSJEx, "al introducir a un detenido en el vehículo policial" el agente recurrente, "recibió un fuerte golpe, que le ocasionó la fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha", lesión por la que estuvo de baja hasta el 9 de octubre (casi cuatro meses), y por la que el detenido fue condenado, además de a la pena de prisión, a pagarle una indemnización de 4.360 euros, la que ahora tendrá que abonar la Administración.