A primera hora de ayer dio comienzo el juicio por el caso Urban Screens en el juzgado de lo penal, en el que figuran como acusados la exalcaldesa, Carmen Heras, y los ediles de Turismo e Innovación de su legislatura, Francisco Torres y Víctor Santiago Tabares, respectivamente. Se les imputa un delito de prevaricación administrativa al haber sufragado parte del festival de artes visuales con fondos municipales sin haber llevado a cabo un concurso público.

La actividad, que se desarrolló en el año 2010 --era la segunda vez que se celebraba--, iba a ser en principio pagada a través del Consorcio Cáceres 2016 (se comprometió a aportar 60.000 euros); sin embargo los promotores --la empresa Avivart-- no lograron los suficientes patrocinadores como para hacer frente a la actividad y la entonces alcaldesa se ofreció para buscar la manera de financiar lo que restaba de la actividad con fondos municipales.

Según su declaración, Carmen Heras comentó lo ocurrido con los concejales Francisco Torres y Víctor Santiago Tabares --ellos desmintieron este extremo y aseguran que en ningún momento ella habló con ellos-- para pedirles que estudiaran si se podían imputar los gastos de esta actividad a los proyectos europeos que tenían esas concejalías (Netur, de Turismo, y Aldealab, de Innovación).

"Yo siempre he tenido la voluntad política de pagar a los proveedores, pero a ellos en ningún momento les dije que se les iba a pagar", aseguró la exalcaldesa (el ayuntamiento no se había comprometido a ello en el contrato privado, solo el Consorcio, responsable de aquel evento). Según Heras los concejales lo consultaron con sus técnicos, quienes les aseguraron que la operación que pretendía era factible. "Después yo ya no hago más, no me vuelvo a preocupar de los expedientes".

CUATRO FACTURAS La solución que se adoptó fue fraccionar el pago, de tal manera que Turismo abonara los 9.600 euros que costó poner en marcha una página web que divulgaba el festival. Innovación pagó dos facturas de 11.994 euros, una por la proyección sobre la fachada de la Preciosa Sangre y otra sobre el Chalé de los Málaga. Aún falta una tercera factura, de 47.782 euros bajo el concepto de "proyecciones audiovisuales festival Urban Screens", de la que ninguna concejalía quiso responsabilizarse.

Según Carmen Heras ella no volvió a saber nada de aquellas facturas hasta el último día de su legislatura, el 10 de junio del 2011. Ese día "se me pasan cuestiones a firmar, entre ellas una autorización que reconoce que la actividad se había realizado", señala (el documento provenía de Intervención). Ella lo firma, igual que hizo con las facturas imputadas a las dos concejalías: "La última firma la pone el alcalde pero ya viene estudiado de antes", señala Heras. Nunca tuvo duda de que aquello que hacían no era legal: "Yo lo dejé en mano de los concejales y los técnicos, confío mucho en ellos", dijo. Lo que sí aclaró es que ella "nunca" quiso favorecer a la empresa porque tuviera un interés especial.

Por su parte los concejales aseguran que fue el promotor de la iniciativa quien se puso en contacto con ellos, por separado, para presentar el proyecto. Después el Consorcio convocó una reunión con los dos ediles y sus técnicos para analizar si las concejalías podían participar en el evento. En ambos casos los técnicos de las áreas dan el visto bueno y los ediles ordenan que se incoe el expediente. Sin embargo ninguno de los dos hace después un seguimiento de dichos expedientes. Al cabo del tiempo, cuando se presentan las facturas, se dan cuenta de que ese expediente no se ha realizado "por sobrecarga de trabajo", especifican ambos.

En el caso del área de Innovación, de Tabares, las dos facturas sumaban casi 24.000 euros, 6.000 euros más del límite de un contrato menor (el que se realiza sin concurso público). Sin embargo "jamás valoramos con los técnicos que las cifras pudieran sumarse", asegura.

En la vista declaró como testigo el Interventor del ayuntamiento, que ejercía también de ello en la legislatura de Heras. Aseguró que cuando llegaron las facturas a su departamento sospechó de que se había hecho un fraccionamiento de los pagos, porque el dinero iba para una misma actividad y para la misma empresa. Por eso, explicó, emitió un informe a la alcaldesa para alertarla.

La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para Heras y 8 años para cada uno de los ediles. El caso llegó a los tribunales cuando Elena Nevado entró en el ayuntamiento.