Las expropiaciones de espacios urbanos reservados para zonas verdes han tenido para gobiernos presididos por Saponi un coste superior a los 25 millones de euros sólo en cuatro casos, dos en el cementerio y otros dos en el parque del Príncipe, escenario del último de estos procesos, que, aunque no tiene una relación directa, da motivo a la crisis que afecta al gobierno municipal por las discrepancias surgidas entre el portavoz del ejecutivo local y el edil de Economía.
En tres de estos procesos de obtención de terreno destinado a zona verde en el planeamiento urbanístico anterior al que esta en vigor se recurrió al TSJEx, y en uno se atendió al arbitraje que en el mes de mayo del 2000 rubricó Antonio Armengot, como director del equipo de la gerencia de Urbanismo de Madrid.
El ayuntamiento abonó más de 2,5 millones, cantidad a la que después se sumó el pago de intereses, por 2,2 hectáreas situadas junto al cementerio. Fue tras dos procesos judiciales promovidos por un particular, Damián Arroyo, que se resolvieron en el primer y segundo mandato de Saponi. En el primer caso, el TSJEx valoró (por la cantidad en la que fijó el justiprecio) cada metro cuadrado en 104 euros, y en el segundo en 167 euros.
En el segundo mandato de Saponi se cerró un acuerdo con la empresa Promeimsa para la consecución de 4,4 hectáreas junto al parque del Príncipe. Para conocer su precio hubo un arbitraje coordinado por Armengot. El coste se valoró en función a las edificabilidades y las superficies ocupadas en terrenos de uso residencial de Cáceres, y se fijó un valor de 57.966 edificables en parcelas municipales destinadas para viviendas, que se permutaron por las 4,4 hectáreas.
A cada uno de esos 57.966 metros edificables se les dio un valor de 258 euros, con un coste total de 14,9 millones, para permutarlos por 50.707 metros edificables en parcelas municipales del Rodeo, Perú y San Antonio, donde se valoró cada metro edificable en 300 euros. En este caso, aunque el consistorio pagó con suelo, cada metro cuadrado de esas 4,4 hectáreas tuvo un coste superior a los 300 euros.
Esa valoración, de unos metros cuadrados edificables cuantificados en el arbitraje, se realizó por el entonces jefe del servicio de edificación municipal, que en un informe posterior dio a dos hectáreas situadas en la misma zona, y propiedad de G P Promoción del Suelo, un valor, que está en proporción a la anterior tasación, de 6,3 millones a los efectos de una permuta.
El TSJEx, en la última de las expropiaciones, ha dado a esas dos hectáreas de GP Promoción del Suelo un justiprecio de 6,3 millones, precio que debe abonar el consistorio, que como primera medida ha optado por recurrir en casación. Esos terrenos fueron valorados por el jurado de expropiaciones en 655.000 euros, cifra con la que no estuvo de acuerdo la empresa, que pidió 14 millones en el recurso que presentó ante el TSJEx.
