La Asociación de Damnificados de la Residencia Asistida de Cáceres ha pedido este viernes la dimisión del director gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), José Vicente Granados, y del consejero de Sanidad, José María Vergeles, tras conocer que el PSOE rechazó el jueves en la Asamblea de Extremadura la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de mayores durante el coronavirus, pese a que, a petición del PP, estaba respaldada desde toda la oposición.
Este colectivo ha ofrecido una rueda de prensa ante las dependencias del Sepad en Cáceres, donde además ha avanzado que ya son 55 los allegados de víctimas de la Asistida que tienen intención de sumarse a la querella por vía penal, para “saber la verdad” de lo ocurrido en el centro durante la pandemia. Este aumento continuo del número de familiares ha obligado a aplazar la presentación de la querella ante los juzgados.
Una representación de los damnificados ha leído un manifiesto este viernes ante el Sepad, con camisetas negras, lazo negro y una silla de ruedas en recuerdo de los ancianos, sobre la que han depositado claveles. El presidente del colectivo, Javier García, ha recordado que han fallecido 93 personas en la Asistida, “todas con nombres y apellidos, como Julia, Santiago, Vicenta…”. Por eso piden dimisiones que depuren responsabilidades. “Entendemos que si no quieren investigar es porque algo se oculta. La transparencia, de la que tanto se les llena la boca, se volvió turbia con olor a muerte”, ha declarado el representante.
Los familiares no comprenden que en otras comunidades vayan a formarse comisiones de investigación pero no en Extremadura. “Si creen que lo han hecho todo bien, ¿por qué no la realizan? Pensamos que hemos retrocedido en democracia 40 años, hemos vuelto a los ‘Santos Inocentes’ ¿Qué hay que tapar?”, inquiere Javier García.
También ha rechazado que el PSOE extremeño se escude en los recortes del pasado para justificar lo ocurrido en los geriátricos. “Eso no nos vale, ahora gobiernan ellos, estamos en el presente y no en el pasado, y si no hay EPIs se sacan de debajo de las piedras. La Junta no ha comprado nada de material de protección, ha estado expensas de lo que le ha entregado el Gobierno”, lamentan los damnificados.
Respecto a la situación vivida en los centros, los familiares denuncian que se "ha dejado a los trabajadores de la Asistida en una guerra solos, en un sálvese quien pueda, con test de un 30% de efectividad, mascarillas que llevaron puestas 15 días y eran defectuosas, y pasillos tapados con el plástico que cubría un pallet de esponjas”. Afirman que algunos empleados han trabajado incluso con el virus y sin PCR. Según el colectivo, este personal “ha vivido un holocausto y necesitará ayuda psicológica durante años”.
Les duele especialmente que los gestores digan que no existía manual de instrucciones para las situaciones vividas por sus seres queridos. Recuerdan que incluso los familiares tuvieron que acudir a la Inspección de Trabajo para que obligara al centro a cumplir la normativa existente en relación con el virus y la posible exposición de los trabajadores. “Si no vale para dirigir la crisis, abandone el barco, no valen excusas”, plantea el colectivo sobre el director del Sepad. Lamenta que los responsables institucionales “ni siquiera han tenido el valor de visitar las residencias y ver qué necesitaban”.
La asociación reitera que han fallecido casi un centenar de ancianos en la Asistida, “maravillosas personas que tuvieron una infancia llena de penurias y que sacaron a sus hijos adelante después de una posguerra”. En este sentido, recrimina a José María Vergeles que ni siquiera haya dado la cifra de los fallecidos en la Asistida, y recuerda al presidente de Extremadura, Fernández Vara, su intención de ofrecer un gobierno transparente para todos. “Pues este gobierno está lleno de nieblas y gobierna para unos pocos, y esto no lo merecían los fallecidos en las residencias”.
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