Ocurrió hace poco más de dos años, pero el accidente laboral que en julio del 2008 costó la vida a un trabajador por una descarga eléctrica" volvió ayer a hacerse actualidad. Lo trajo de nuevo a la memoria el juicio que se celebró en el Juzgado de lo Penal 1 contra los propietarios de la empresa para la que trabajaba el fallecido, a los que el fiscal hace responsables de su muerte. Les acusa de un delito de homicidio por imprudencia y pide para cada uno de ellos 2 años de prisión, así como el pago conjunto de 180.000 euros de indemnización a la mujer y los hijos.

Por la sala de vistas, en cuyo banquillo de acusados se sentaron Antonio y Francisco D. A., gerente y administrativo respectivamente de la empresa constructora y de servicios Ortama, pasaron como testigos desde los policías que intervinieron en el suceso al conductor del camión que acompañaba al fallecido o la perito y la inspectora de Trabajo que emitieron los informes.

RESPONSABILIDAD A través de sus declaraciones se volvió a recordar lo que sucedió la mañana de aquel viernes, 4 de julio del 2008. José Manuel Amo, que contaba 37 años, estaba casado y tenía dos hijos, era el encargado de obras de Ortama. Como tal, acudió a primera hora de la mañana a señalizar con unos mástiles con banderolas publicitarias un solar en construcción en el polígono ´Residencial Villahermosa´, en la zona de la Ribera del Marco.

Sobre las 11.00 horas, al ir a colocar uno de estos mástiles, metálicos y de siete metros, este entró en contacto con una línea de alta tensión que discurría por la zona. Esto hizo que se transfiriera la energía eléctrica hasta su cuerpo, el cual recibió una "brutal descarga" que le desplazó varios metros y le provocó la muerte de forma prácticamente instantánea.

Para el fiscal responsable de siniestralidad laboral, los dos empresarios hicieron dejación de sus funciones en materia de prevención, ya que ni acudieron a los constructores o promotores para verificar las condiciones del terreno, ni valoraron directamente el terreno y condiciones del trabajo, ni avisaron a su servicio de prevención externo. Considera que en este accidente se ha cometido un delito de homicidio imprudente, que deriva en un delito contra los derechos de los trabajadores por infracción de medidas de seguridad.

El gerente de la empresa, Antonio D. A. se defendió de las acusaciones alegando que al tratarse de un trabajo "muy puntual y de poca envergadura", no se les comunicó a ellos, sino que se le encargó directamente a José Manuel, "pues como encargado de obra era competente para ello", al ser, reiteró, "una actuación que supondría apenas media hora y no requería infraestructura alguna". Además, y en cuanto a las medidas de prevención de riesgos, argumentó que José Manuel Amo no solo era su encargado de obra, sino que era también el delegado de su empresa en materia de prevención de riesgos laborales.

Ni él ni su hermano Francisco, cuyas funciones en la empresa "son solo de asesoramiento administrativo", tienen en este trágico accidente "responsabilidad alguna", expuso su abogado, quien pidió para ambos la libre absolución.