El gobierno prevé desalojar en este mes el bloque C de la calle Ródano

Basilia Pizarro, que habló de este asunto en calidad de viceportavoz, explicó que la junta de gobierno local vio en su sesión de ayer un informe jurídico emitido por la sección de Patrimonio en torno al problema existente en estas viviendas de promoción pública. Comentó que los informes sociales de cada inquilino ya están resueltos y que el desalojo se realizará "con carácter de urgencia". Y añadió: "No quiero dar fechas", aunque a este diario aseguró: "Quiero agilizarlo de la mejor manera posible, pero no depende sólo de mí, yo lo hubiera hecho ya, pero son trámites largos. Confío en que en este mes se resuelva porque es una cosa prioritaria. Es una situación problemática y estas personas tienen necesidad de salir de allí", concluyó.

Uno de los primeros pasos que ha dado la concejala ha sido precisamente encargar a los servicios técnicos del ayuntamiento un estudio concienzudo de los fallos del edificio, que se construyó en 1987 y cuya gestión directa depende del consistorio. Ese informe deberá arrojar una valoración estimativa de cuánto podría costar su arreglo. No obstante, la edil no avanzó en este sentido si el inmueble se arreglará o se derribará y aclaró que esa decisión no le compete a ella puesto que su objetivo es solucionar los problemas sociales del bloque. Por tanto, aún se desconoce si el bloque se derribará o si se optará por arreglar los fallos para volver a entregar las viviendas en condiciones dignas y evitar a partir de entonces futuras irregularidades de ocupación como las que ahora existen.

INFORMES SOCIALES Pero en estos momentos la principal preocupación de la concejala es poner solución a los problemas sociales. A petición del propio alcalde, Pizarro encargó a los asistentes sociales y técnicos del IMAS un informe detallado de la situación social de los inquilinos. Los primeros resultados de ese informe ya se conocen. Los datos revelan que en el grupo de los 18 residentes legales de Ródano los hay de dos tipos: los que disponen de un contrato inicial de compra venta y residen en sus viviendas desde que se adjudicaron en 1987, y los que disponen de resoluciones provisionales para habitarlas bien porque los adjudicatarios originales renunciaron a ellas o bien porque "esas personas tenían necesidad de una casa pero en ese momento no había un procedimiento abierto de viviendas sociales", dijo la responsable del IMAS.

SOLUCIONES La viceportavoz del gobierno insistió en que "se tratará de buscar una solución" para cada uno de los casos y comentó que las personas que cuentan con resoluciones provisionales tienen derecho a solicitar una nueva vivienda a la Junta de Extremadura. En el caso de los propietarios se barajan varias opciones como la posibilidad de subrogarse a una hipoteca, ir a la permuta o a los arrendamientos. Pizarro indicó que para todo este proceso contará con el apoyo de la Junta de Extremadura, que este mismo año desalojó viviendas en las calles Juan García y Germán Sellers de Paz, de esta misma barriada. "Dice que me va a ayudar", comentó la concejala. Lo que sí parece claro es que a todos los inquilinos legales se les dará casa en Aldea Moret.

Respecto a las familias ilegales, Pizarro fue taxativa al asegurar: "No se puede encubrir una ilegalidad". Indicó que a todos esos inquilinos, que se metieron en los pisos comprándolos de forma irregular o por el procedimiento de la patada en la puerta , se les invitará a desalojar los pisos y, en caso de que se negaran, se optaría por los desahucios. La edil insistió en que la administración pone medios para que la gente pueda acceder a una vivienda, "y el método no es la patada en la puerta ", señaló Pizarro. La concejala de Asuntos Sociales añadió que cuando se produzcan los desalojos "todo el mundo saldría a la vez".