Una comisión especial será la encargada de analizar cada uno de los expedientes de expropiaciones tramitados por el consistorio desde 1984. La decisión de que sea este órgano se acordó ayer en la comisión de Régimen Interior en base al contenido de la propuesta que se realiza en el informe de la secretaría general del consistorio. La constitución de esta comisión especial parte del acuerdo del pleno de la corporación cuando se aprobó una moción presentada por Ciudadanos. Será la primera comisión de investigación que se constituya en el ayuntamiento en al menos los últimos 25 años.

Las expropiaciones van a tener un coste para el consistorio de más de 50 millones entre el dinero ya abonado de justiprecios impuestos en sentencias, de los intereses pagados y pendientes de abonar y de la tasación de las parcelas municipales que entraron en operaciones de permuta. El objeto de la comisión especial, según la decisión del pleno, es analizar cómo se tramitó cada uno de los expedientes, por qué se llegó a las cantidades que se han tenido que abonar y, si hubiera lugar a ello, interponer acciones judiciales.

Para la constitución de la comisión especial o de investigación aún falta que los grupos de la oposición nombren a sus representantes. El gobierno (PP) ya adelantó ayer que sus representantes en la comisión serán los concejales Valentín Pacheco, Rafael Mateos y María Guardiola. Por el grupo socialista estarán Luis Salaya y Francisco Hurtado. El representante de CáceresTú (Podemos) será Ildefonso Calvo. El séptimo miembro será el representante que elija Ciudadanos. La presidencia de la comisión especial tendrá que recaer en la alcaldesa, Elena Nevado, que no participa en la misma, o en el concejal en quien delegue.

Desde 1984 se han tramitado más de 30 expedientes de expropiaciones. Vinculado a uno de ellos, el de terrenos que eran de la empresa Mego en las inmediaciones de la Huerta del Conde, se tomó una decisión el lunes en la comisión de Economía cuando se dictaminó a favor de la nulidad de una compensación de deuda que se realizó con la empresa, con lo que el consistorio pierde los 416.000 euros de deuda que Mego tenía con el ayuntamiento de IBI y del impuesto de Plusvalía que se compensaron en 2012, débito que ahora el ayuntamiento tendrá que reclamar dentro del concurso de acreedores en el que está la empresa.