El gobierno municipal anunció ayer que adoptará todas las medidas que sean necesarias para no ejecutar una decisión del pleno de la corporación municipal que considera que "conculca la legalidad", recalcó ayer la alcaldesa, Carmen Heras, durante su intervención ante el pleno. El gobierno no detalló ayer qué medidas se van a aplicar ahora.

No obstante, fuentes consultadas por este diario indicaron que se contempla desde recurrir a la fiscalía hasta instar a la Junta para que actúe, dado que la Ley de Bases de Régimen Local posibilita a la administración autonómica requerir a un consistorio que anule un acuerdo o un acto si se infringe el orden jurídico.

El principal argumento de los concejales del PSOE y de la edil de Foro Ciudadano (FC), Carmina Santos, para insistir en que el concurso no se puede anular es que la Ley de Contratos precisa que esta licitación no podrá quedar desierta si hay una oferta admisible en base a los pliegos del concurso. Para PSOE y FC las cuatro empresas (Acciona, Aguas de Cáceres, Canal y Aqualia) reúnen las condiciones necesarias.

En esta interpretación de que el concurso no puede quedar desierto coincidió el secretario general de la corporación municipal, Juan Manuel González, que intervino en dos ocasiones en el pleno a petición del gobierno.

El secretario general defendió que el proceso que se ha seguido por la mesa de Contratación municipal, que finalizó con la propuesta de adjudicar el concurso a Acciona, estuvo ajustado a derecho, una opinión que compartió el interventor, Justo Moreno, que también se pronunció ante una pregunta del gobierno.

González precisó que tres empresas son válidas en base a los criterios del pliego para resultar adjudicatarias del concurso. En esta consideración difirió del gobierno, que da por válidas a las cuatro. El secretario general consideró en los informes que llevó a la mesa que Canal de Isabel II tenía que ser excluida, por eso ayer aseguró en su intervención ante el pleno que un acto que no se ajustó a derecho fue el acuerdo que tomó el pleno de volver a meter a Canal en el concurso.

POSIBLES RECURSOS Tanto en la moción del PP como en la defensa que de la misma hizo su viceportavoz, Valentín Pacheco, se insiste en que la opción de desistir ahora del concurso es la "menos gravosa" para las arcas locales. El argumento del PP es que si el pleno hubiese decidido la adjudicación a Acciona, las otras tres empresas candidatas habrían recurrido con el riesgo de que la adjudicación se suspendiese o se tuviese que abonar una indemnización elevada.

Pacheco recordó que la Ley de Contratos establece que una propuesta de adjudicación de la mesa no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto. Otro de los argumentos de los populares para defender la moción presentada ayer es que se tenía que tomar una decisión "ante la pasividad del gobierno" municipal.

Sin embargo, el portavoz del gobierno, Lorenzo de la Calle, indicó que proponer la renuncia a la celebración de este contrato con una moción de urgencia es "una puñalada trapera al funcionamiento de la administración".

Heras también aseguró que la urgencia no estaba justificada y recordó que "el servicio se está prestando". Ahora lo está gestionando Canal de Isabel II con una prórroga del contrato de 1995, un acuerdo que finalizó hace un año y que se está manteniendo.

Tanto De la Calle como Santos comentaron que una anulación del concurso también tendría repercusiones económicas para el ayuntamiento porque las empresas recurrirían y pedirían indemnización. De la Calle recordó, refiriéndose a los concejales del PP e IU, que los ediles están sujetos a "responsabilidad civil y penal" por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.

"Deberían haber sido más sensatos, están obligados a que se adjudique", insistió Santos en alusión al PP, al que recordó que si no estaban de acuerdo con el pliego lo debieron "impugnar en su momento", cuando estaba el plazo abierto para ello.

MOCARAL El concurso del agua eclipsó el resto de asuntos abordados en el pleno, como la moción de IU sobre la colección Mocaral, que finalmente se aprobó, una propuesta en la que se pide que se tome una decisión definitiva sobre si el ayuntamiento acepta esta colección, se tendría que pagar un arrendamiento, y que el expediente esté listo en un mes para adoptar un acuerdo en el pleno.