Nada menos que cinco magistrados del Tribunal Supremo coincidieron ayer en la Facultad de Derecho del campus cacereño: Carlos Granados, Joaquín Giménez y Julián Sánchez-Melgar, los tres magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; junto a Eduardo de Urbano, magistrado del Gabinete Técnico de la misma Sala y a Angel Juanes, magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Angel Juanes y Esteban Mestre, este último catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares, han sido los directores de las Jornadas de Derecho Penal y Procesal que ha organizado la Comisión de Formación del Colegio de Abogados de Cáceres. Las jornadas estaban dirigidas a abogados y estudiantes de Derecho y han contado con una nutrida asistencia que casi llenó el Aula Magna de la Facultad de Derecho.
EXTENSO PROGRAMA El balance del curso, en palabras de Juanes, es claramente positivo. "Estamos muy contentos por la respuesta que ha tenido y por el interés de los asistentes". Juanes destacaba entre los temas que se han abordado "la problemática del blanqueo de dinero y en qué casos pueden incurrir en responsabilidad los abogados; los problemas que plantea el secreto médico y el ámbito del secreto profesional de abogados y detectives privados". Las sedaciones a enfermos terminales han sido también objeto de análisis en profundidad. "Se ha tratado hasta qué punto son lícitas y bajo qué términos", explicaba Juanes.
Por lo que respecta al ámbito procesal, el codirector de las jornadas destacaba los problemas que se han planteado entre los especialistas por lo que respecta a la prescripción, así como el futuro de la acusación popular como consecuencia de la última doctrina del Tribunal Supremo.
La primera de las mesas redondas de ayer estuvo dedicada a la prescripción y contó con las intervenciones, junto a Carlos Granados, de Aurelio Blanco, fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y de Joan Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona.
La otra mesa redonda de la jornada de ayer era la dedicada a las acusaciones particular y popular y al papel y la legitimación que éstas pueden jugar en el proceso penal. A pesar de tratarse de cuestiones técnico-jurídicas, han estado de actualidad recientemente a raíz de casos muy difundidos por los medios de comunicación como el de las cesiones de crédito del Banco Santander Central Hispano --caso Botín--, y los casos Atutxa, Ibarretxe y el caso del ácido bórico. Tras las intervenciones de los magistrados Joaquín Giménez y Julián Sánchez-Melgar, intervino también Maria Félix Tena Aragón, magistrada-presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres.
Otras cuestiones que se han abordado a lo largo del curso han sido el delito de dopaje, la reforma de los delitos contra la seguridad vial, los nuevos delitos contra la integridad moral, la prueba electrónica, la investigación criminal de delitos informáticos y el papel del ADN en la investigación criminal.
El acto de inauguración contó el pasado jueves con la asistencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
