Hemos puesto el sello de que no se puede demoler y ahora será la ciudadanía la que decida", precisó ayer el presidente de la agencia de la Vivienda, José Javier Corominas, sobre la futura actuación en el poblado minero. La agencia, órgano de la Junta, formalizó ayer la adquisición de la mayoría de las siete parcelas en las que se divide el poblado en la ordenación de este espacio hecha por Pronorba, promotora que mantiene la propiedad del resto del suelo. El presidente de la Agencia de la Vivienda insistió en que la decisión final sobre qué hacer en el poblado saldrá de un debate ciudadano.

El acuerdo firmado entre Corominas y Alberto Pereira, presidente de Pronorba, es la segunda decisión de relevancia que afecta a esta zona de la ciudad y que se ha tomado en la última semana. La anterior fue el dictamen de la comisión de Urbanismo a favor del plan de intervención en esta zona con dos mil pisos y excluyendo el poblado minero, decisión aprobada el jueves por el pleno de la corporación local.

Hace diez años el grupo empresarial al que pertenece Pronorba se hizo con casi la totalidad de 28,5 hectáreas al otro lado de la vía en Aldea Moret. En esta zona, además de edificios como el Embarcadero o la mina de la Abundancia, están las casas del poblado, que sobre el total del terreno ocupan una superficie de una hectárea y media.

En estas 28,5 hectáreas se puede edificar desde 1999 una urbanización con dos mil viviendas. Pero no ha sido hasta este verano, influido en parte por un largo proceso judicial, cuando se aprobaron inicialmente los planes para el desarrollo de esta zona. Fue en ese momento cuando se constituyó una plataforma para defender el poblado minero, que además está en el catálogo de bienes a proteger en el nuevo plan de urbanismo, y su desvinculación del resto de la zona de edificación de viviendas. Dentro de ese debate, desde la agencia se indicó que se haría cargo del poblado minero, anunció que ayer se concretó y formalizó.

SIGUIENTE PASO En cuanto a qué pasará con el poblado, Corominas apuntó que se está "ante un patrimonio histórico y social y una necesidad de viviendas, todo lo deberíamos tratar de hacer compatible", pero reiteró que no hay nada decidido y que de la participación ciudadana, incluso con conferencias y exposiciones, saldrá una propuesta que desde la agencia se trasladará al consistorio. El presidente de la agencia habló de que el poblado "pase a formar parte del patrimonio de Cáceres" y se incorpore "a los bienes colectivos de los ciudadanos". La inversión realizada por la Junta para adquirir el 70% de la propiedad del poblado ha rondado los 3 millones de euros.