Casi un centenar de viviendas de promoción pública de Aldea Moret se han tenido que tabicar como medida preventiva para imposibilitar su ocupación, según aseguró ayer la Junta. La entrada ilegal en pisos sociales de esta barriada no es nueva, pero el miércoles volvió a hablarse de este problema en la entrevista mantenida en Mérida entre el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Ignacio Sánchez, y la presidenta de la asociación vecinal de Santa Bárbara, Guadalupe Iglesias, quien tras la reunión aseguró que 500 pisos sociales estaban ocupados ilegalmente, cifra que ayer corrigió la Junta.

La administración autonómica tiene abiertos una treintena de procedimientos, que están en fase de desahucio, para expulsar de 36 pisos a los residentes que los han ocupado de forma ilegal, según puntualizaron ayer desde la dirección general de Comunicación de la Junta. Este tipo de viviendas de propiedad pública sólo pueden ser ocupadas por familias que cumplan unos requisitos sociales mínimos, y que entren en un proceso de selección previo a la adjudicación.

Entre 1985 y 1995 se edificaron 1.200 viviendas sociales en Aldea Moret, una cifra desproporcionada para la barriada. El ayuntamiento promovió la construcción de 561 viviendas en la década de los ochenta, unos pisos que se entregaron en 1987. La Junta promovió otras 621 una década después, pisos que se dieron entre los años 1995 y 1996. A éstos se suman otro medio centenar de pisos que en 1994 se hicieron en el cerro de los Pinos.

Las promociones realizadas por cada administración han tenido procesos distintos. Los pisos que planificó el consistorio se edificaron con la intención de que pasasen a ser de propiedad privada, ya que los adjudicatarios los podían adquirir por un precio por debajo de mercado.

Sin embargo, hasta la pasada legislatura no se aclaró la situación legal en la que estaban estas viviendas, ya que hasta 1999, año en que la Junta cedió al ayuntamiento los créditos con los que se financiaron los 561 pisos, no se empezaron a regular las escrituras de propiedad de las viviendas, y además con un problema añadido: había casos en los que la familia que residía en el piso no era la misma a la que se concedió la vivienda.

Los pisos promovidos por la Junta son de propiedad pública, y la administración autonómica tiene la competencia sobre 621 viviendas sociales en Aldea Moret. De éstas, según la información dada ayer por la dirección de Comunicación, hay 36 ocupadas ilegalmente por familias que no son las adjudicatarias y hay otros veinte pisos cerrados.

Además, hay 70 que están sin ocupar y tabicados por estar pendientes de adjudicarse, a éstos se añaden otros 25 vacíos, de los que 14 también se han tabicado "como medida preventiva hasta que se resuelvan los contratos de arrendamiento", precisó la dirección general de Comunicación. Según estos datos, hay 84 pisos cerrados con un tabique

EL RESTO DE PISOS El resto de los inmuebles que dependen de la administración autonómica están "en una situación normalizada en cuanto a la vigencia de los contratos de arrendamiento", indicaron las fuentes citadas, que subrayaron que la Consejería de Fomento tiene "identificadas todas y cada una de las situaciones en las que se encuentran las viviendas de su propiedad" y reiteraron que, a pesar de lo apuntado por la presidenta vecinal de Santa Bárbara, no hay medio millar de pisos ocupados ilegalmente, ya que de los 621 que dependen de la Junta sólo 36 están en esta situación. Detrás de la denuncia de Iglesias están las operaciones de compra-venta de viviendas sociales realizadas en el barrio en los últimos 20 años.