El juzgado de lo Contencioso Administrativo no acepta, en un auto que no es firme y contra el que se puede presentar recurso, el acuerdo entre la administración concursal de Mego, Banco Santander y ayuntamiento para que este último cerrase el pago de una expropiación de 5.186 metros cuadrados que eran propiedad de Mego y que son parte de un viario que tendrá que conectar la ronda de San Francisco con la ronda este prolongando la avenida de la Hispanidad.

Esta decisión también conlleva que no se convalide la compensación de deuda que se hizo entre Mego y el ayuntamiento y por la que la primera pagó deudas de tributos municipales por importe de 416.121 euros. Esta convalidación no se recoge en el acuerdo, pero está en su fondo.

El jurado autonómico de valoraciones cifró en 1.792.183 euros el justiprecio del suelo. Unos meses antes de que Mego entrase en concurso de acreedores, empresa y ayuntamiento acordaron compensar deuda. Como Mego debía 416.121 euros al ayuntamiento de impuestos y además tenía embargados bienes por este débito, se decidió que esa deuda se compensase con una parte de lo que el ayuntamiento debía a Mego del justiprecio. Esa compensación se refrendó con una resolución de la alcaldesa, Elena Nevado, firmada en mayo de 2012.

Pero el Santander reclamó al consistorio una revisión de oficio de esa resolución porque se había compensado deuda con un bien, los terrenos, sobre los que pesa una hipoteca a favor de la entidad financiera. La compensación no era posible. Hubo un dictamen de diciembre de 2015 del Consejo Consultivo de Extremadura, que es vinculante, que anuló la resolución de la alcaldesa, además se inició un contencioso, antes del dictamen del consejo, con un recurso contra la desestimación por el consistorio de la revisión por nulidad de la resolución de alcaldía.

Ante esta situación, ayuntamiento, administración concursal y banco iniciaron conversaciones. El objetivo del gobierno local en esos contactos era salvar la compensación, dado que si se mantenía la anulación de la misma se perdían de momento 416.121 euros (la deuda se podría reclamar, pero dentro del concurso de acreedores y el consistorio cobraría cuando le tocase en el proceso concursal).

El acuerdo fue que el ayuntamiento se comprometía a pagar 615.000 euros de los intereses de la expropiación, dado que el justiprecio de 1.792.183 euros se había pagado con 1.375.971 que se depositaron el 19 de diciembre de 2014 en el juzgado y con los 416.121 de la compensación.

El Santander, que se comprometía a desistir de los intereses de la hipoteca, cobraba el total del principal de la misma por dos vías: la cantidad depositada por el ayuntamiento en el juzgado y de 490.000 euros que salían de los 615.000 que el consistorio se comprometía a pagar, mientras que el resto, 124.000 euros, de lo que el ayuntamiento aportaba en el acuerdo en concepto de intereses de la expropiación iba al concurso de acreedores.

El juzgado de lo Mercantil dio el visto bueno a esta propuesta, pero puso la condición de que el juzgado de lo Contencioso Administrativo en el que se tramita el recurso presentado contra la resolución de la alcaldía lo homologase. Con el acuerdo también se solicitaba al juzgado poner fin al pleito. Pero el juzgado, en su auto, no lo ha aceptado.

El juez no entra en el fondo, pero no lo acepta porque este acuerdo no está firmado por el letrado de la administración local. No basta con que tenga la rúbrica del primer teniente de alcalde, Valentín Pacheco, dado que se trata de una competencia que corresponde al pleno de la corporación municipal. Además el juez avisa que el pleno, antes de tomar cualquier decisión sobre este asunto, debe "comenzar por valorar si el objeto del recurso --la desestimación presunta de la nulidad de oficio de un acto administrativo (la resolución de la alcaldía)-- puede ser materia objeto de transacción" (de acuerdo de anulación del pleito).

COMISION DE INVESTIGACION En relación a los expedientes de expropiaciones de terrenos, de los que el ayuntamiento debe aún hacer frente al pago de al menos 5,4 millones de los intereses de los justiprecios, los concejales de CáceresTú (Podemos), Consuelo López e Ildefonso Calvo, anunciaron ayer que impulsarán la creación de una comisión de investigación. Ambos denunciaron "la nefasta gestión" de los diferentes gobiernos locales que han tenido que hacer frente a las expropiaciones. Y reclamaron explicaciones y responsabilidades por el proceso de la expropiación de Mego al decidirse una compensación cuando el suelo estaba hipotecado.

Además los dos concejales denunciaron casos como el de GP Promoción de Suelo, empresa que se constituyó el 17 de diciembre de 1998 y que compró en 1999 terreno previsto en el plan de urbanismo para ampliar el Parque del Príncipe, parcelas por las que pagó 624.431 euros y un suelo por el que acabó recibiendo del ayuntamiento 6,3 millones en 2009 por el principal del justiprecio fijado en sentencia. Los dos concejales recordaron que precisamente en el pleno que se celebra mañana se aborda el pago de los intereses de esta expropiación por importe de 1,5 millones, que son los que reconoce el consistorio.