El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 dictó el pasado julio un decreto en el que se acordaba la convocatoria de la subasta de una finca propiedad del ayuntamiento que tiene 453 metros cuadrados y que está en el Residencial Universidad. Este juzgado ordenó en 2012 el embargo preventivo de esta parcela, anotación que se prorrogó, para la ejecución de una sentencia de 2009 que estimó el recurso presentado por Tribugest contra un acuerdo del Instituto Municipal de Deportes del consistorio, que en mayo del 2007 dejó sobre la mesa una petición de la empresa para que se le devolviese la cantidad que adelantó en febrero del 2003 para que el ayuntamiento pudiese abonar una subvención al Cáceres de baloncesto. Entonces el equipo disputaba su última temporada en la ACB y a los jugadores se le adeudaban atrasos de tres meses, por lo que se recurrió a Tribugest para que adelantase el dinero. Esta empresa gestionaba en esas fechas la recaudación de tributos del ayuntamiento.

Tribugest puso 360.607 euros para que se pagase la subvención al equipo de baloncesto, una cantidad de la que aún se adeudan «46.500 euros más los intereses», según aseguró ayer Fernando Cañizares, director financiero de Tribugest. El decreto del juzgado se trasladó al ayuntamiento el pasado julio. En el mismo, la parcela se valora para su subasta en 204.744 euros.

El juzgado comunicó al ayuntamiento en 2011 que le informase de qué bienes no afectados al dominio público eran embargables para ejecutar su sentencia de 28 de septiembre de 2009. El 22 de mayo de 2012 se anotó el embargo preventivo de la parcela del Residencial Universidad, que fue una de las que el ayuntamiento obtuvo dentro de las cesiones obligatorias que se entregaron con el desarrolló de la urbanización. El Instituto de Deportes dejó sobre la mesa la solicitud de la empresa porque los informes de los servicios económicos municipales eran contrarios. Ponían objeciones porque el club de baloncesto había incumplido obligaciones contraídas con el ayuntamiento en el acuerdo que regulaba la concesión de la subvención. En las sentencias que se dictaron una vez que Tribugest recurrió a la vía judicial se aseguró que la empresa se constituyó en un «apoderado de cobranza» sin que el ayuntamiento le pueda oponer «las vicisitudes de un contrato --el acuerdo entre el equipo de baloncesto y el consistorio--» del que Tribugest es ajeno.

DEUDA DE IBI DE LA JUNTA / Por otra parte, desde el gobierno local se aseguró que el consistorio mantiene su intención de presentar a la Junta un requerimiento de pago de su deuda por IBI (son 3,5 millones). El presidente de la Junta informó el lunes de que este débito se abonará a partir de 2017. En función de la respuesta al requerimiento se decidirá por el ayuntamiento si se va a la vía judicial. En este proceso el organismo de recaudación de diputación y el ayuntamiento mantienen diferencias sobre si hay bienes de la Junta embargables.