Hace unos días que en varias zonas de la ciudad el agua que sale del grifo no es transparente y presenta un olor y un sabor que produce dudas a la hora de su consumo. No es que se dé solo en una parte de Cáceres, como ocurre cuando la empresa encargada del servicio de aguas, Canal de Isabel II, realiza obras o movimientos en la red, que conllevan cambios tanto en el color como en la presión de la zona afectada. En esta ocasión es algo común, que se da prácticamente en todos los hogares de la ciudad.

Según afirma a este diario Canal de Isabel II se debe a que a principios del otoño comienzan a formarse algas en el agua, que pueden provocar estas situaciones. «El crecimiento habitual de algas puede influir en las características organolépticas (sabor y olor)», dicen exactamente. No obstante, la empresa aclara que el agua del grifo es «perfectamente apta para el consumo humano» y cumple con los parámetros exigidos en el Real Decreto 902/2018, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Las quejas por el sabor y el olor del agua en Cáceres no son algo nuevo, sino que se repiten cada año, sobre todo en verano. Los vecinos lo achacan muchas veces a la sequía (en estos momentos el nivel del Guadiloba, de donde se abastece Cáceres, está bastante bajo, en concreto a un 36% de su capacidad). En cambio Canal de Isabel II asegura que esto no influye en las características del agua, como sí lo hace la aparición de algas propia de esta época del año.

Los vecinos han denunciado esta situación también a través de las redes sociales, donde se ha pronunciado el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Fomento e Infraestructuras, Andrés Licerán: «Que hay que mejorar la calidad del agua de Cáceres es un secreto a voces. Por ello hemos insistido tanto en la importancia de que el Ministerio de Transición Ecológica acabe de dar luz verde al proyecto de ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (Edar) del Marco». La depuradora recibió hace casi un mes el visto bueno ambiental, último trámite necesario para que pueda licitarse. Costará 50 millones de euros.