La retirada de la Cruz de los Caídos es un asunto que lleva pendiente desde hace años, pero hasta ahora ningún alcalde de la ciudad lo ha llevado a efecto. El tema volvió de nuevo a la actualidad el pasado mes de marzo, justo antes de que se declarase el Estado de Alarma, cuando el senador de Compromís, Carles Mulet, preguntó al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la permanencia de este monumento. El Ejecutivo central respondió al senador que exigiría al Ayuntamiento de Cáceres su retirada o, en su defecto, pediría a la Junta de Extremadura que intercediera para que se llevara a efecto porque la ciudad debe cumplir la Ley de Memoria Histórica, que obliga a la retirada de todos los símbolos franquistas. «Contribuye a perpetuar el recuerdo del odio y el enfrentamiento entre españoles en contra del modelo constitucional de convivencia», respondió exactamente el Gobierno a Mulet.
El alcalde, Luis Salaya, asumió el compromiso de quitarla, aunque ya advirtió que no se derribaría, sino que sería trasladada al cementerio. Su retirada podría costar entre 30.000 y 40.000 euros. A los días comenzó la crisis sanitaria y el asunto se apartó. Pero hace unos días el asunto volvió a estar de actualidad porque el senador de Compromís volvió a preguntar por este monumento al Ejecutivo central, que le advirtió que no iba a presionar más al consistorio cacereño sobre este tema porque da por buenas las explicaciones que ha ofrecido el alcalde. La Cruz de los Caídos deberá retirarse, pero ya no hay prisa.
Mientras tanto, son muchos los que se han pronunciado en contra de su eliminación. Entre ellos la Asociación de Abogados Cristianos, que nada más conocer lo ocurrido en el Senado y el requerimiento que realizó el Gobierno de Pedro Sánchez a Salaya para que quitara este monumento, inició una recogida de firmas para paralizar esta decisión. En menos de tres meses han conseguido recoger 41.666 firmas (hasta ayer a mediodía). Ellos defienden que se trata de un símbolo cristiano y que su retirada es ilegal. «Esto lo que demuestra es que los vecinos y la gente no quieren que se quite la Cruz», afirma la presidenta del colectivo, Polonia Castellanos. Las firmas se recogen en todo el territorio nacional a través de internet, pero asegura que una gran parte de los firmantes proceden de la ciudad de Cáceres.
«Retirarla es ilegal»
«Retirarla es ilegal» La asociación considera que la Cruz de los Caídos es un monumento religioso y que no cuenta con inscripciones ni símbolos que exaltan el régimen de Franco por lo que, a su juicio, no incumple la Ley de Memoria Histórica. «Es un elemento cristiano, que algunos lo usasen no es nuestro problema. Es como si ahora decimos que hay que quitar los embalses porque los embalses son franquistas o que hay que acabar con las casas que se hicieron de protección oficial», agrega. Por esta razón, insiste, quitarla del sitio en el que está es ilegal.
Seguirán recogiendo firmas hasta el verano. Después las imprimirán y las presentarán en el registro. En caso de no poder paralizar su retirada acudirán a los tribunales, como ya han hecho en otros lugares del país. En Castellón consiguieron paralizar la eliminación de la Cruz del parque Ribalta pero en Callosa del Segura (Alicante) sí la derribaron. «Fue de una forma totalmente ilegal. La gente estuvo velando la Cruz mucho tiempo. Lo denunciamos y está todavía en pleitos», señala Castellanos. «Si en Cáceres ocurre lo mismo -añade- iremos a los tribunales, hasta Estrasburgo o hasta donde haga falta, hasta que nos den la razón, porque la tenemos, la ley es muy clara, nos dice que es un símbolo cristiano y que no se puede quitar así porque sí, esto es una persecución encubierta».
