Un total de 34.615 denuncias. Esa fue la cifra tramitada por la Jefatura Provincial de Tráfico en la red viaria cacereña durante el último año, desde junio del 2002 hasta mayo del 2003. La mayoría, alrededor del 40%, se interpusieron por exceso de velocidad, una infracción que sigue encabezando el ránking por encima del resto. Pero también hay variaciones positivas, como la reducción paulatina de las sanciones por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida por la ley.

En general, la cifra de denuncias tramitadas tiende a subir en los últimos años debido a la agilización de los procesos. Según la jefatura, la media de la provincia se sitúa en torno a las 33.000 denuncias cada ejercicio, no tanto por su censo (unos 500.000 habitantes) como por su situación, ya que se trata de una zona de paso de largo recorrido por donde circulan a diario conductores de otras muchas procedencias. En concreto, la Autovía de Extremadura y la Nacional 630 son dos de las carreteras con mayor densidad del país. La primera soporta entre 10.000 y 15.000 vehículos diarios en el tramo cacereño, y la segunda, con un solo carril por sentido, entre 5.000 y 10.000.

En cuanto a los límites de velocidad, "se respetan muy poco en autovías y travesías, y algo más en las convencionales", explican los responsables de la jefatura. De hecho, la Autovía de Extremadura figura entre las carreteras españolas que registran más velocidad media. Tampoco existe un promedio de este exceso. "Podemos ver de todo", indican.

Tras las denuncias por pisar el acelerador se sitúan, en número, las tramitadas por llevar una motocicleta sin casco de protección, conducir un vehículo sin cinturón de seguridad o circular mientras se mantiene una conversación por el teléfono móvil. También destacan las distracciones al volante, no respetar las indicaciones de las señales de tráfico o no llevar las luces adecuadas.

PROCESO ADMINISTRATIVO

Las infracciones en las vías de la red provincial son denunciadas por el Subsector de la Guardia Civil de Tráfico, que reúne a 150 efectivos entre agentes y mandos encargados de velar por la seguridad. Los guardias rurales también tienen capacidad para multar cuando se estime necesario.

Las denuncias son cursadas a la Jefatura Provincial de Tráfico, que las califica, valora e instruye el expediente. No todas derivan en sanción. Además, el denunciado puede presentar las alegaciones que estime oportunas. Si la infracción constituye un delito pasa al ámbito judicial.