El miércoles se volverá a reunir la mesa de negociación del ayuntamiento, órgano participado por sindicatos, grupos políticos y técnicos. El encuentro se producirá después de que en la reunión del pasado martes no se aceptase por los sindicatos y los grupos de la oposición la cantidad propuesta por el gobierno local para afrontar la revisión salarial por ser inferior a la inicialmente acordada, incluso está por debajo de la prevista en el presupuesto de 2017. No solo no se aceptó, sino que los sindicatos salieron de esa reunión asegurando que se sentían engañados.
Está previsto que un día antes se reúnan los tres sindicatos con representación en la mesa para decidir las medidas a adoptar. En este asunto CSIF y UGT han estado más unidos. Si no un otoño caliente, al menos la semana que viene la actualidad municipal sí estará marcada por las cuestiones laborales.
La plantilla del ayuntamiento es de 611 trabajadores, vacantes incluidas, entre funcionarios y laborales. El gasto en 2017 para retribuciones básicas y complementarias de funcionarios y laborales fijos y temporales es de 17.208.800 euros, según la previsión inicial del presupuesto.
La revisión que se está negociando parte de dos decisiones. La primera de 2008, cuando se aprobó el catálogo de puestos de trabajo. Entonces uno de los compromisos fue que se revisaría la retribución de los grupos A1 y A2. La segunda es de 2016, cuando Cs introdujo el compromiso de 2008 entre las condiciones para dar su apoyo al presupuesto de 2017 (en lo que respecta a los seis habilitados nacionales se llevó a la práctica y falta el resto de empleados de ambos grupos) y que se elaborase un calendario para el resto de grupos. Posteriormente, en las primeras reuniones de la mesa, se acordó que la revisión afectase a todos los trabajadores para recuperar la pérdida salarial producida desde 2010 por el recorte en ese ejercicio y la congelación de años posteriores. Lo que se decide en esta revisión no es una subida lineal, sino una actualización en base a las peculiaridades de cada puesto, y es ajena a la que en los presupuestos generales del Estado se acuerde para el conjunto de los trabajadores públicos en 2018.
EN LOS presupuestos de 2017 se metió una partida de 112.000 euros para la revisión, pero en las negociaciones posteriores se propuso por CSIF y UGT que se dotase de 600.000 euros en tres anualidades, cantidad de partida que se aceptó, aunque con salvedades: el PSOE advirtió de las limitaciones presupuestarias que la podían hacer inviable y el gobierno local (PP) consideró razonable esa cantidad, pero condicionada a los informes de fiscalización de Intervención.
El martes ya no eran ni 112.000 ni 600.000 euros en tres años, sino 89.000 para 2017, según la Concejalía de Personal, una cantidad que se tendría que consolidar en presupuestos posteriores, y con pocas posibilidades para que aumentase en 2018. Esa disminución provocó la queja de sindicatos y oposición porque después de casi un año del inicio de la negociación se pasaba de 600.000 a 89.000 euros.
El gobierno argumentó que la cantidad quedase en 89.000 por las dos advertencias que hace la Intervención municipal en su informe. La primera referida a la ley de los presupuestos generales del Estado de 2017, que es la que ha expuesto el gobierno al referirse al límite del 1% de crecimiento de la masa salarial. La segunda es que hay que cumplir la regla de gasto que impone el Ministerio de Hacienda, que en 2018 es del 2,4%, un ejercicio en el que como nuevos gastos ya están previstos la cofinanciación de los fondos Feder del plan de desarrollo urbano y el incremento de la amortización de las operaciones de crédito.
El miércoles se retoman en la mesa unas negociaciones que en noviembre cumplen su primer año.
