Todas las corporaciones locales desde hace tres décadas han ido limitando la circulación de vehículos en el centro. Tras un primer intento en la última legislatura de Carlos Sánchez Polo (1991-1995), no fue hasta el segundo mandato de José María Saponi (1999-2003) cuando se colocaron los bolardos, que estuvieron operativos desde 2003 y que fueron sustituidos por cámaras en 2016, con Elena Nevado en el gobierno. Esta semana el alcalde Luis Salaya ha dado el primer paso para los cambios que tocará hacer en este mandato. Son en dos zonas y no dará tiempo a más.

Para hacer efectivo el proyecto de los bolardos se tardó dos años. Para las cámaras, ordenanza incluida, se tardó tres. Los cambios que ahora se quieren acometer tardarán más de medio año, incluso mucho más tiempo, a lo mejor hasta la navidad de 2021, que es lo que ha pedido la asociación de comerciantes de la plaza de obispo Galarza-San José, preocupada por el efecto en sus negocios de la eliminación del tráfico de paso que atraviesa Parras para salir a la plaza de toros y al norte de la ciudad.

Ahora toca modificar la ordenanza, con exposición pública y alegaciones, cambiar el contrato de concesión a una empresa del sistema de control de la restricción del tráfico, si no se convoca un nuevo concurso al estar el actual prorrogado, y tener financiación para la plataforma única de las calles San Antón y Parras.

Los cambios afectan a dos zonas. La primera se ha conocido esta semana y es ampliar las restricciones al norte del casco viejo, a 14 calles que están en el eje de las plazas de San Francisco, Santa Clara, Soledad y San Juan. La segunda se anunció con la desescalada y es semipeatonalizar Parras y San Antón. Todo cambio genera el temor del comercio. En Galarza por la supresión del tráfico de paso. En Santa Clara por lo caótico de la carga y descarga en un área donde abundan los locales de hostelería.

Estas restricciones, que tendrán mucho más efecto en Parras, de donde se quitará bastante tráfico, que en Santa Clara, donde no hay tráfico de paso al estar la circulación cortada en San Juan, coinciden con las que se están haciendo en otras ciudades donde los centros son cada vez más peatonales para que ganen vida. Son cambios lógicos. Pero el problema es que en Cáceres esa peatonalización no ha sido un revulsivo para las calles comerciales que están entre Cánovas y la plaza Mayor, con cada vez más locales vacíos, convirtiéndose en una de las asignaturas pendientes que arrastraron las anteriores corporaciones y que en la actual se ha agravado (el 29 de septiembre se reunió por primera vez el grupo de trabajo creado para buscar soluciones).

El plan especial y su revisión puede ayudar, aunque no es una norma que se pueda aplicar a corto plazo, si facilita los usos. Esta revisión ya aporta alternativas de aparcamientos disuasorios, otra de las carencias de las restricciones del tráfico que se han ido acometiendo, que no se han acompañado de suficientes plazas de aparcamiento como alternativa. El inconveniente es que algunas de esas soluciones de aparcamientos que da la revisión ya aparecen en el plan especial en vigor desde 1990 y no se han acometido, pese a que en algunos casos se intentó, o en el plan general de urbanismo de 2010. Tocará a esta corporación dar una solución o tal vez a la siguiente, que seguirá con la restricción del tráfico.