El viverista marroquí de Campolugar no ha sido supuestamente la primera víctima de esta compatriota. Otros paisanos la acusaron en el 2005 de venderles contratos de trabajo ficticios durante la investigación del caso de los expedientes falsos de legalización de inmigrantes descubiertos en la Subdelegación del Gobierno. En esa ocasión, otras tres personas denunciaron haberle pagado 5.000 euros a cambio de una oferta de empleo que les permitiera obtener la regularización en el proceso de normalización del 2005. Entre las denuncias, figura el caso de cuatro hermanas que pagaron 20.000 euros por unos contratos que no existían. En este caso hay otros tres imputados.
