La ampliación del parque del Príncipe es actualidad por la pretensión del gobierno municipal de afrontar esta intervención con fondos europeos. Es la principal infraestructura que se acometería con el programa operativo de crecimiento sostenible, por el que el ayuntamiento puede lograr de Europa un máximo de 15 millones. El coste de la ampliación del parque se estimó en marzo en 5,5 millones. En la propuesta que se ha presentado esta semana se cifran en 5,8 millones las actuaciones para la protección del medio ambiente --dentro de las mismas entra la extensión de esta zona verde--.

La inversión que se necesita para afrontar esta ampliación es cinco veces menor que lo que ha costado al consistorio --a la ciudad-- la consecución del terreno, que ha superado los 28 millones, incluso se sigue abonando ya que se tiene que amortizar el crédito que se pidió hace dos años para el pago de expropiaciones en éste y en otros sitios.

Sumando lo que ha valido la obtención del terreno, esta ampliación --sus 8 hectáreas no llegan a la mitad de las veinte que ahora tiene el parque del Príncipe-- va a ser la inversión que haya costado más al ayuntamiento cacereño. "Se ha invertido mucho dinero y tiempo en la adquisición" del suelo, recordó esta semana la alcaldesa, Elena Nevado, que no ha sido la única regidora que ha tenido que hacer frente a desembolsos millonarios por este terreno verde.

Sus dos antecesores, Carmen Heras y José María Saponi, también tuvieron que afrontar pagos --con permutas y monetarios-- por unos terrenos que han tenido un coste muy superior al de su valor efectivo para Cáceres, ya que la ampliación del parque nunca ha sido una prioridad.

A Saponi le tocó hacer los pagos mediante una permuta de terrenos: para obtener la mitad de la superficie de la ampliación de la zona verde (4,4 hectáreas) el consistorio aportó parcelas en el Rodeo, Perú y junto a la estación que se valoraron en 15 millones de euros. Heras y Nevado han tenido que afrontar en sus mandatos pagos de al menos tres sentencias que fijaban justiprecios por los terrenos que superaban los 13 millones, solo de principal y sin los intereses.

Es la zona de la ciudad donde más se ha pagado por el terreno por tres razones. La primera es la ordenación urbanística de Cáceres que en los planes generales de 1979 y 1985 clasificaba este suelo como urbano destinado a zona verde, no se adscribía a ninguna unidad de actuación o sector residencial o terciario al que vincular la consecución del suelo, lo que llevaba al ayuntamiento a su obtención mediante expropiación. Esta ordenación no se modificó en el plan general de 1998. En el de 2010 se corrigieron estas situaciones para que no se repitiese lo ocurrido en el parque del Príncipe y en otras áreas de la ciudad.

LA SEGUNDA razón que ha influido son los criterios que para la valoración del coste del suelo urbano sin aprovechamiento lucrativo (como una zona verde no adscrita a un sector residencial o terciario) se establecían en la ley sobre el régimen del suelo y valoraciones de 1998, derogada por la ley del suelo de 2007.

La tercera razón es el laudo que el ayuntamiento encargó en febrero de 2000 al jefe del departamento de Patrimonio del Suelo de la Gerencia de Urbanismo de Madrid para la valoración de los terrenos en la operación de permuta que se hizo ese año. En ese laudo se estableció un aprovechamiento medio por cada metro cuadrado que dobló al que en un primer momento (en la negociación inicial con los propietarios del suelo) fijaron los técnicos del ayuntamiento. El citado aprovechamiento ha condicionado los justiprecios que los jueces establecieron con posterioridad en las sentencias a las que ha tenido que hacer frente el consistorio.

En una de estas operaciones, en la que el Tribunal Superior de Justicia cuantificó en 2005 en 6,3 millones de euros el justiprecio a pagar por el ayuntamiento por 1,8 hectáreas de la ampliación del parque, el suelo se había adquirido en 1999 por 624.431 euros por parte de la empresa que después promovió la expropiación del terreno, según se detallaba en la sentencia que el Tribunal Supremo dictó en 2008 sobre este asunto y que ratificó el justiprecio.

Ahora el ayuntamiento quiere afrontar la ampliación del parque, la inversión que más costará a la ciudad de todas las que hasta ahora ha acometido el consistorio, aunque los fondos para la obra los ponga Europa.