La lupa de la Dirección General de Turismo está puesta en los pisos turísticos ilegales, un tema que ocupa estos días la primera línea de actualidad en Cáceres. Lo explica su responsable, Francisco Martín, que recuerda que a lo largo de esta legislatura la Junta de Extremadura ha intensificado su plan de inspección en este tipo de alojamientos.
Para ello se mantiene una estrecha colaboración con los ayuntamientos extremeños, especialmente con los cuatro de mayor población (Cáceres, Badajoz, Plasencia y Mérida), que deben velar porque se cumpla la normativa vigente y pueden actuar de motu propio en el caso de que se percaten de la existencia de estas empresas ilegales que no disponen de licencia de apertura.
La Junta insiste también en la necesidad de exigir al Ministerio de Turismo que ejecute un marco legal armonizado de las viviendas turísticas con las comunidades autónomas y reclama que la conferencia sectorial de Turismo, que lleva dos años sin reunirse, se convoque, al tiempo que pide la creación de un grupo de trabajo interministerial donde se aborde este asunto puesto que hay más ministerios implicados como el de Hacienda (cómo se declaran esos alquileres) o el de Interior («¿quién duerme en estos establecimientos ilegales?», se pregunta Martin).
El director general no entra a valorar las cifras del consistorio, que habla de 600 pisos ilegales, y se centra en los datos oficiales: en Cáceres hay localizadas 136 viviendas de este tipo en las plataformas digitales de comercialización (existen muchas, Airbnb, Windu, Nimba...). De esas 136, el ayuntamiento ha identificado al titular o el domicilio de 34 a través de sus servicios municipales (el padrón o la policía local), las 102 restantes quedan por localizar. De esas 34, se han abierto actuaciones previas contra 17, a las que se les envió una carta, se les dijo que no podían ejercer esa actividad turística, que corrían el riesgo de enfrentarse a multas que van desde los 6.000 a los 601.000 euros y que se regularizaran si querían seguir trabajando. De esas 17, siete ya han entregado la ‘declaración responsable’ y van a pasar a ser legales. Hasta ahora se ha interpuesto dos multas de 6.000 euros en Cáceres, según informó ayer este diario. Además se han realizado desde la Junta seis requerimientos a las plataformas digitales para que no comercialicen productos tóxicos.
Martín indica que se está tramitando la modificación de la Ley de Turismo, a la que se está dotando de un principio de transparencia para que esas plataformas indiquen junto a su oferta el número de registro que la Junta le ha otorgado al establecimiento ofertado. En caso contrario, las plataformas podrían ser sancionadas.
En la actualidad, Cáceres cuenta con 77 alojamientos turísticos que suman 3.288 plazas.
