La Cruz de los Caídos es uno de los inmuebles que desde 2010 se protegen con el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo, además con un nivel de preservación integral, el máximo. La propia norma local obliga a su conservación, aunque no impide su traslado. Entre las observaciones que se hacen en el plan se apunta que las condiciones de protección del monumento permiten el cambio de sitio.

En la descripción general que en el plan se hace del monumento se especifica que está dedicado a los caídos y se añade que el material utilizado es mármol de Alconera, en Badajoz. En las observaciones se explica que está dedicado a los caídos en la Guerra Civil y que «en principio presentaba una serie de inscripciones alusivas al bando vencedor», añadiendo que «a mediados de los setenta» se decidió «suprimir dichas inscripciones para recuerdo y homenaje a los caídos en las guerras».

MEMORIA HISTÓRICA / Por encima del plan general está la Ley de Memoria Histórica. A la misma alude el Gobierno en su respuesta del 6 de marzo al senador de Compromís, Carles Mulet, para concluir que el ayuntamiento debe retirar la Cruz de los Caídos. En la contestación se acude al artículo 15 de la citada ley, que obliga a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, salvo que las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley.

El gobierno local, a través del alcalde, Luis Salaya, ha anunciado esta semana que la Cruz de los Caídos se trasladará. Ayer el portavoz del grupo municipal del PP, Rafael Mateos, aseguró que su partido no apoyará su traslado porque «no es prioritario ni para este grupo ni para los cacereños», argumentando que «nadie a día de hoy percibe la Cruz como un símbolo franquista, la Cruz forma parte del día a día de los cacereños y bajo nuestro punto de vista no ofende a nadie». «En Cáceres no existe una demanda social que justifique el traslado, por ello pedimos al alcalde que antes de tomar una decisión escuche a la sociedad cacereña y no se deje influenciar por los que apuestan más por crispar», indicó Mateos, que matizó sus primeras declaraciones del martes, en las que recordó que en un acuerdo del pleno del ayuntamiento en 2004 se decidió la retirada de la Cruz y que por tanto hay que cumplir los acuerdos, añadiendo, como hizo ayer, que no es una cuestión prioritaria ni preocupa a la inmensa mayoría de los cacereños.