El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido y puesto a disposición judicial a Luis S. G., un hombre de 40 años, natural y vecino de Cáceres, acusado de ser el presunto autor del último robo perpetrado en el Centro de Educación Especial Proa, en el barrio de Aldea Moret. Según informó ayer la Comisaría Provincial de Cáceres, fue un empleado del colegio quien el pasado sábado, 25 de febrero, escuchó ruidos en las aulas tras la rotura de unos cristales y dio aviso al 091.

Cuando en el lugar de los hechos se personaron efectivos policiales, adscritos al departamento de Seguridad Ciudadana de la comisaría, localizaron al detenido que intentaba bajarse del tejado. Al verse sorprendido por los agentes emprendió la huida, pero fue posteriormente alcanzado por los policías en la calle Montánchez, que está próxima al lugar del suceso.

A Luis S. G. le fueron incautados algunos objetos de escaso valor de los que ya se había apoderado. Al detenido le constan antecedentes policiales de otras nueve detenciones anteriores por robos con fuerza, dos de ellos precisamente cometidos en el mismo centro escolar. Fue puesto a disposición judicial.

El subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando Solís, destacó ayer en declaraciones a este periódico "la eficacia policial" en este asunto. El responsable gubernativo recordó que éste no es el único caso que se produce en Proa, donde ya se han efectuado varias detenciones por robos. No obstante, Solís consideró que no es posible evitar todos los hurtos que se producen "si hay seis u ocho puertas del centro que están abiertas". Por eso instó a las instituciones competentes a que realicen un esfuerzo en torno a la situación del colegio.

"RETICENCIAS" Por su parte, el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Proa (Ampa), José María Tovar, consideró ayer una buena noticia la detención, pero afirmó que sigue teniendo sus "reticencias" en torno a la seguridad del colegio. "Son discapacitados y hay que tener especial sensibilidad con los alumnos", reiteró Tovar.

El responsable de la Ampa subrayó que el inmueble está en malas condiciones y los ladrones acceden con facilidad a su interior. Por eso insistió en su petición de contratar un servicio de seguridad privada. "Los discapacitados cuentan con muy pocas defensas y a las instituciones les costaría 600 euros el servicio".

Tovar añadió: "Me gustaría que tanto la Dirección Provincial de Educación --responsable del centro-- como el Ayuntamiento de Cáceres --competente en materia de seguridad del inmueble-- dijeran qué medidas se han tomado con respecto al colegio, que cumplan sus compromisos y que no bajen el listón".

El centro lleva desde noviembre siendo objeto de actualidad desde que los padres anunciaron públicamente su malestar por los robos y el mal estado de las instalaciones, que albergan, entre clases de día e internado, a 80 alumnos discapacitados psíquicos. En estos momentos, la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura se encuentra elaborando un informe técnico para determinar si remodela el edificio (cedido por la Caja de Extremadura) o construye un centro nuevo.