«Una verdadera caza de brujas». Así definió ayer el portavoz del PP en la diputación, Alfredo Aguilera, la situación que vive la institución provincial tras iniciarse el trámite del equipo de gobierno para cesar a la interventora general, María Victoria Eugenia Valle Núñez. Aguilera se mostró «totalmente en contra» de una decisión «arbitraria» y que solo obedece a «cuestiones políticas», al mismo tiempo que instó al equipo de gobierno a que revele «quién se va a encargar ahora de fiscalizar la gestión del PSOE», la cual calificó como un «caos interno, político y organizativo».
Aguilera manifestó que el equipo de gobierno intenta justificar este cese «con razones que no son verdaderas y con otros objetivos políticos». El portavoz del PP se refirió al puesto de la interventora general como un «cargo técnico» --habilitados de ámbito nacional-- sujeto a razones objetivas. En ese sentido, Aguilera hizo hincapié en que «esta falta de confianza» que puede haber --para con la interventora general-- tiene que basarse «en causas funcionales, técnicas o profesionales». Informes desfavorables también hubo, añadió Aguilera, en la legislatura anterior cuando gobernaba el PP. Sin embargo, «no se optó» por cesar a la interventora general, remarcó el popular, que recordó también que el servicio de Intervención «ha sufrido una reducción del 60% en la plantilla de personal».
La interventora general recibió ayer el expediente de inicio de su cese y dispone de 10 días hábiles para alegar. Luego, el Ministerio de Hacienda deberá realizar un informe en base a dichas alegaciones --no vinculante pero sí preceptivo-- y, en base a ello, la institución provincial tomará una decisión que, si no obedece a cuestiones objetivas, será «francamente recurrible», concluyó Aguilera.
