Los portavoces del PP, Rafael Mateos, y de Ciudadanos, Raquel Preciados, han reiterado esta mañana su malestar por la lentitud en la aplicación de las medidas extraordinarias que se han adoptado y anunciado por el gobierno municipal presidido por Luis Salaya para ayudar a los sectores más perjudicados por la crisis del coronavirus. Una queja que el miércoles ya expresó Podemos, en su caso su malestar tiene mayor relevancia porque ha sido hasta ahora el principal apoyo del gobierno socialista. Hay colaboración entre los grupos políticos municipales, pero no unidad como ha quedado patente entre ayer y hoy.
“Hay una ausencia de gestión que impide que a día de hoy haya medidas específicas” que los cacereños necesitan, ha denunciado el portavoz del PP, Rafael Mateos, minutos después de que haya finalizado la reunión del consejo rector de Asuntos Sociales. “Va muy lento, lentísimo, no puede ser que la modificación de la ordenanza no entre en vigor hasta julio”, ha criticado Preciados, cuyo grupo ya denunció el miércoles la tardanza en la convocatoria de los órganos informativos y de decisión del ayuntamiento.
En ese consejo rector, que se ha celebrado esta mañana y en el que no participan los concejales no adscritos, se ha aprobado la modificación de la ordenanza de concesión de ayudas de urgencia social. El paso siguiente es su ratificación en la comisión informativa de Economía y en el pleno. Ciudadanos, ayer, y el PP, esta mañana, han protestado porque estos órganos no se convocan. “No se están aplicando medidas extraordinarias”, ha reiterado Mateos, que recordó que en el Instituto Municipal de Asuntos Sociales se están dando las aportaciones de urgencia social con las mismas condiciones que a primeros de año cuando las circunstancias actuales por el covid-19 han cambiado.
Pero es la protesta de Podemos la más llamativa, por la cercanía de la formación morada con el gobierno de Salaya, a principios de año se firmó un acuerdo para la legislatura entre PSOE y Unidas Podemos que permitió la aprobación de los presupuestos de 2020. En un comunicado de ayer, su portavoz, Consuelo López, aseguró que el ayuntamiento “no está a la altura”, ya que “no se dan las ayudas a las pymes y autónomos, no se presenta un calendario fiscal ni se actualizan las ayudas sociales a las nuevas necesidades”. López pidió al alcalde, Luis Salaya, la adopción de “decisiones organizativas indispensables para afrontar esta situación”.
Podemos propuso el miércoles la creación de un órgano nuevo, con una periodicidad diaria, con presencia de todos los grupos municipales y que permita agilizar la aplicación de las decisiones que se tomen. También recordó el miércoles que se lleva días hablando de peatonalizaciones parciales sin que se concreten, “¿Cuántas semanas más necesita Luis Salaya para hacer algo? ¿A qué espera?”, se preguntó la portavoz de Podemos.
Estas críticas, algunas no son nuevas, cambian el escenario en el ayuntamiento. Hay una disparidad evidente de criterios sobre cómo se está actuando y la rapidez en la toma de medidas. Ahora el gobierno local, que está en minoría, no solo debe afrontar una situación nueva con las limitaciones y plazos que marca la legislación, sino que deberá actuar con más agilidad si quiere responder a las críticas de otras formaciones. Salaya ha reiterado en varias ocasiones en las últimas semanas la intención de su gobierno de que las decisiones que se están tomando entren en vigor lo antes posible, aunque está condicionado por los plazos administrativos.
Esta mañana ya se ha reunido el consejo rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales que ha aprobado la modificación de la ordenanza de ayudas económicas de urgencia social y del plan estratégico de subvenciones, “cuestiones que han sido acordadas previamente por las concejalas y los concejales de la corporación y en un marco del diálogo social”, ha indicado la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido.
Pulido ha destacado en un comunicado que todas estas medidas sociales se han aprobado por unanimidad, “el ayuntamiento sabe que debe dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y mitigar el impacto de la covid-19, esa es la finalidad de estas nuevas medidas”. La concejala ha resaltado que el objetivo del gobierno es “afrontar esta crisis social mediante la puesta en marcha de servicios públicos básicos, el acceso a bienes, la promoción social y el impulso económico”.
Ahora esta modificación de la ordenanza se tendrá que informar en comisión de Economía y aprobarse en un pleno extraordinario, después tendría que pasar un trámite de información pública y si hay alegaciones resolverlas y volver a aprobar definitivamente el documento. Todo este trámite podría retrasar hasta el verano su entrada en vigor.
