Ocurrió en mayo del 2018. La víctima, una mujer que padece una discapacidad, se había marchado de casa de sus padres tras una discusión. Se encontraba sola en la calle, donde se encontró a otra mujer que la invitó a irse con ella. La víctima aceptó y terminó acompañándola hasta otro lugar para comprar marihuana, que pagó con diez euros que le dio la víctima. Y ambas terminaron fumando esta sustancia. Entonces se les acercó uno de los acusados, con el que compartieron también los porros. Después la mujer le dijo a la víctima que se fuera con aquel hombre que «era un buen tipo». Y ella aceptó.

Él, a pesar de que conocía que padecía una discapacidad, la llevó hasta un lugar aislado, sin personas ni edificaciones a la vista. Extendió en el suelo una manta y comenzó a tocarla y a besarla. La obligaba a tirarse sobre la manta, a pesar de que ella se negaba y de que le repitió en varias ocasiones que no quería mantener relaciones sexuales con él. Al final se vio obligada a acceder a sus peticiones por miedo a que pudiera hacerle algo si se negaba. Y la violó.

fueron a casa de su primo / Tras el acto sexual le dijo que le acompañase a casa de su primo. Como ella no tenía dónde dormir, accedió. Llegaron a la vivienda de esta otra persona, que les dirigió hacia una cochera, donde volvieron a encontrarse con la mujer con la que en un principio estuvieron consumiendo marihuana. Empezaron de nuevo a fumar porros y entre tanto los dos hombres procedieron de nuevo a realizar tocamientos a la víctima. Ante esta situación, la mujer que compró la marihuana se marchó.

La víctima insistió de nuevo en que no quería mantener relaciones sexuales con ellos pero, pese a ello, los dos se aprovecharon de la discapacidad que padece y continuaron realizándole tocamientos. La tumbaron en un sofá y la violaron, primero uno y después otro. Acto seguido se marcharon, dejando a la víctima encerrada en la cochera, cerrando la llave por fuera para que no pudiera salir. A la mañana siguiente la soltaron. Ella pidió dinero a un amigo para comprar un billete de autobús y marcharse del lugar.

La Audiencia condena a uno de los acusados a 30 años de prisión por dos delitos de agresión sexual y otro de detención ilegal, a 20 años de libertad vigilada y a una orden de alejamiento de 40 años (la pena máxima de prisión a cumplir es de 20 años). El otro acusado debe cumplir 17 años de prisión por un delito de agresión sexual y otro de detención ilegal, diez años de libertad vigilada y 20 de alejamiento. El primero debe además indemnizarla con 40.000 euros y con 20.000 euros el segundo. La sentencia no es firme.