Ayuntamiento y Junta buscan una solución para que la urbanización del poblado minero, donde se proyectan dos mil viviendas, de las que un tercio son de protección pública, tenga un acceso directo con la ciudad sin necesidad de tener que atravesar un paso a nivel del ferrocarril. Las obras salieron a concurso en abril del 2008 y se adjudicaron en verano. Sin embargo, aún no se han iniciado. Ayer se celebró un encuentro técnico en el ayuntamiento con el objetivo de desbloquear esta actuación. La primera conclusión es que el proyecto se debe reformar. En esa reunión participaron el concejal de Infraestructuras, Miguel López, y el director general de Arquitectura y Programas Especiales de la Junta, José Timón.

La solución que se recoge en el proyecto es un paso subterráneo para salvar la vía. Uno de los inconvenientes, según indicaron tanto López como Timón, es que Renfe solo permite cortar la vía durante 24 horas. López explicó que el problema es que habría que prefabricar toda la estructura del paso subterráneo fuera de la zona de actuación y montarla después en un solo día. La primera consecuencia sería mayores costes (la obra se adjudicó por un importe de dos millones de euros). Otro de los inconvenientes, indicó el concejal, es que el proyecto contemplaba el desvío de la vía del ferrocarril, pero con una solución de un trazado que pasaba por la zona de influencia del edificio Embarcadero.

El concejal y el director general explicaron que se espera que en un plazo de quince días los técnicos, en la reunión participó el director de la obra (el técnico municipal que lleva su supervisión), puedan presentar las posibles alternativas con el aumento de costes que conllevarían.

ANTECEDENTE López comentó que no se contempla desestimar su ejecución e indicó que habrá que esperar a las opciones que den los técnicos, insistiendo en que "hay que dar una solución".

El fin de esta actuación es prolongar la avenida de la Constitución y la supresión del paso a nivel del ferrocarril que está junto a la mina de la Abundancia. Es el único paso a nivel que queda dentro del casco urbano. Es un proyecto planificado desde hace más de una década, cuando el grupo Placonsa compró el poblado. Sin embargo, la solución no se abordó hasta la pasada legislatura, cuando el ayuntamiento y la Junta llegaron a un acuerdo que la dotaba de financiación.

Al otro lado de la vía ya hay un inmueble para usos públicos (el edificio Embarcadero) que necesita de un acceso y en el que se han invertido más de cinco millones y además se han iniciado las obras de uno de los primeros bloques de viviendas de protección oficial que se levantarán en la urbanización. Timón es precisamente el responsable político de los programas especiales de vivienda de la Junta.

Además de la solución para salvar la vía del tren, el proyecto también necesita de la expropiación de terrenos para su ejecución. El pasado día 5 de marzo se publicaba en la prensa la relación de afectados por las expropiaciones. El principal es Caja de Extremadura como propietaria de los terrenos del centro especial de Proa. El total de la superficie a expropiar no llega a los tres mil metros cuadrados y la valoración catastral del suelo es de unos 45.000 euros.