El portavoz del grupo socialista, Vicente Valle, compareció ayer ante los medios de comunicación para criticar la escasa acogida que ha tenido el plan, con solo 14 facturas para cuatro empresas y una asociación, si se tienen en cuenta los esfuerzos a los que obligará al ayuntamiento y a los ciudadanos y a los que ya se refirió el grupo socialista durante el pleno del jueves, unas obligaciones que están recogidas en el real decreto ley que regula el plan de pago y entre las que están la reducción de gastos corrientes o la aplicación de un tipo de gravamen para el IBI que garantice el importe de la cuota del ejercicio anterior, lo que supone que la subida del 10% en vigor desde 2012 y que iba a ser temporal se mantendrá hasta el 2023.