Los abogados del turno de oficio se quejan por el retraso en el pago de las nóminas. Cobran a los seis meses de haber realizado el trabajo pero este año la situación se ha complicado aún más: Hasta hace unos días no han recibido el salario de los procesos judiciales que han llevado a cabo en el primer trimestre del año, un retraso sin precedentes.
El malestar de los letrados cacereños se une al de otras comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla, regiones en las que, junto a Extremadura, la administración de justicia no tiene las competencias transferidas y depende del Gobierno central. Las protestas a nivel nacional están lideradas por el colegio de abogados de Cartagena, que reprocha el impago a sus profesionales colegiados.
Para abonar los honorarios los letrados tienen que justificar cada trimestre en el colegio de abogados de Cáceres los trabajos realizados y este órgano se encarga de enviarlo al Ministerio de Justicia. El problema llega en este punto, ya que después es el Gobierno central el que debe desbloquear el dinero para transferirlo a Abogacía y esta a su vez a los colegios de abogados. "Desgraciadamente estamos acostumbrados a que ocurra esto. Pero no es normal, lo lógico es que cuando uno hace un trabajo se lo paguen y no tenga que esperar medio año para recibir el dinero", explica a este diario la vicedecana del colegio de abogados de Cáceres, María Antonia Muñoz. Y añade que el retraso de esta vez --ocho meses desde que se hiciera el primer trabajo en el mes de enero-- "ha sido muy llamativo y criticado".
La situación afecta en la provincia a cerca de 270 letrados que se encuentran adscritos al turno de oficio o justicia gratuita y piden una solución. "Lo único que pedimos es que sean más rápidos", señala María Antonia Muñoz. Es una demanda histórica, aunque hasta ahora nunca se ha atendido por el Ministerio de Justicia.
LOS BAREMOS Otra de las históricas peticiones es la revisión de los baremos vigentes, que llevan sin modificarse desde el 2005 y que los abogados consideran en muchos casos "ridículas". Según los datos ofrecidos por la vicedecana del colegio, en un juicio completo contencioso de familia, por ejemplo, se cobran 200 euros, cuando lo habitual es que estos procedimientos generen minutas superiores a los 1.500 o 2.000 euros. Y en los procedimientos penales abreviados el baremo fija 283 euros; en este caso en un procedimiento normal la minuta media por los honorarios ascendería a más de 1.000 euros. "Si estamos en el turno de oficio no es por el dinero, estamos por vocación y por ayudar a las personas que no tienen medios para acceder a la justicia. Como siempre decimos, el turno de oficio es una función social y como tal la desarrollamos", indica María Antonia Muñoz.
