Las liquidaciones de los presupuestos del ayuntamiento de los últimos años muestran que la recaudación por los cinco impuestos que tiene la corporación local se ha estacando y en algunos tributos es menor. La última liquidación aprobada es la de 2018, ese año la recaudación neta por el tributo de Construcciones o por el de Plusvalía fue menor que la que había una década antes de estos gravámenes, incluso el ingreso de IBI se había empezado a desinflar después de sus mejores resultados en los años 2013 y 2014 -ver cuadro-. Los otros dos tributos, rodaje e IAE, llevan una década en la nevera, de ambos se recauda casi lo mismo año tras año durante los últimos quince.

A esto se suma que el ayuntamiento tendrá que reintegrar a Hacienda 600.567 euros porque las previsiones de ingresos que hizo el ministerio para 2017 no se han cumplido y ese año se entregó al ayuntamiento más de lo que al final le correspondía de su participación en los fondos del Estado. Esa devolución se hará en varias anualidades, «se irá devolviendo periódicamente», comentó ayer la concejala de Economía, María Ángeles Costa.

En las negociaciones entre el gobierno socialista y Unidas Podemos se ha planteado que haya un incremento de los ingresos corrientes y una racionalización del gasto. Las principales partidas de gasto son personal y los contratos de concesión con empresas para la prestación de servicios. El portavoz del gobierno, Andrés Licerán, confirmó ayer que se creará «una mesa de estudio de las concesiones» en cumplimiento de una moción que UP presentó en la pasada legislatura y que se aprobó. El portavoz desligó de estas negociaciones el acuerdo que ha tomado el gobierno de no prorrogar el contrato de asistencia sanitaria pivada que se prestaba a 130 funcionarios que habían ingresado antes de 1993. El ahorro será de 150.000 euros.