Las 549 familias que vivien en el Residencial Universidad se debaten entre el nerviosismo de quienes temen una ejecución inminente de la sentencia que puede dejarles sin sus viviendas, y quienes aún se aferran a resquicios de esperanza en torno a la continuidad del controvertido residencial. El presidente vecinal, Lorenzo Clemente, no oculta que se sitúa más próximo a los pesimistas, pero está decidido a agotar todas las vías posibles para evitar que las viviendas se derriben, tal y como incluye la petición de ejecución del fallo del residencial universidad que los propietarios de la Umbría y la Solana de La Montaña han remitido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

"Hemos solicitado una reunión con la Consejería de Fomento, para que nos expliquen qué alternativas tenemos y qué escenario se plantea para todos nosotros", señaló ayer el presidente del colectivo vecinal, Lorenzo Clemente, que estima que la reunión --bien con el propio consejero de Fomento, José Luis Quintana, o con algún técnico-- se llevará a cabo el miércoles. Después la directiva vecinal ha convocado otra reunión para el jueves, de caracter interno, y destinada a consensuar la postura y las acciones que el colectivo llevará a cabo para defender sus viviendas. Entre las opciones de acciones conjuntas que se barajan por ahora están constituir una plataforma de afectados o llevar a cabo movilizaciones.

"Hay mucha inquietud entre los vecinos y la posibilidad del derribo de las casas ha sido la comidilla durante todo el fin de semana", señala Clemente, que se muestra crítico con la "tranquilidad", con la que "la administración local y regional han abordado un proceso que, aunque ha sido lento, se veía que íbamos a perder", sostiene.

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA Además considera que en el debate del PGM "se ha perdido una oportunidad para encontrar el acuerdo con los propietarios de la Umbría por 20 hectáreas", que es la cifra que separa la dimensión de los terrenos que aglutinan la asociación de propietarios de esa zona que iniciaron el procedimiento judicial, al entender que se había incurrido en un agravio comparativo al permitir a Magenta construir viviendas cuando esa zona ya iba a ser declarada suelo no urbanizable, después de que a ellos no se les permitiera construir, cuando aún era suelo urbanizable no programado.

"Creo que ha habido un exceso de confianza por parte de las instituciones", sostiene Clemente.

La plataforma vecinal que recientemente se constituyó entre un grupo de vecinos críticos con la actual directiva del residencial Universidad, apoyará en esta cuestión las decisiones que adopte la directiva "por el bien del barrio", afirmó Fernando Figueroa, uno de los integrantes de la plataforma. Por ese motivo esperaran que cuanto antes la directiva vecinal se pronuncie sobre la postura que mantendrán y las acciones que pretenden llevar a cabo. "Más allá de los problemas de gestión del barrio, está este caso, que afecta al futuro de todos, y ante eso tenemos que estar unidos todos los vecinos", afirma Figueroa.