Quince días. Es el plazo que el pleno de la corporación ha dado al gobierno local para elaborar un plan de contingencia que agilice la atención al ciudadano en servicios como registro, asuntos sociales o licencias. Se puede cumplir, pero que sea efectivo o no lo que se decida ya se verá porque lo que se acuerde está condicionado por las normas para reducir la incidencia del coronavirus y evitar nuevos contagios, por la mesa de negociación, por el comité de seguridad y salud...

Ese mandato del pleno significa sobre todo que el alcalde, Luis Salaya, y su gobierno han puesto a toda la oposición de acuerdo en contra de su gestión en materia de personal, que no es poco ni es tan sencillo. La oposición le ha dicho que no solo siga intentando buscar una solución, sino que además cambie de rumbo en la reorganización de la plantilla municipal (más de 600 trabajadores directos y uno de los principales centros de trabajo de la ciudad) ante las nuevas necesidades surgidas por el coronavirus.

Esta corporación es más joven que otras, pero también más adulta. No se recurre tanto a la ley del mínimo esfuerzo que es acudir solo a la confrontación, ni se escuchan las salidas de tono que se acercaban al insulto que se oyeron en otros mandatos por parte de determinados concejales. Hasta ahora Salaya y su equipo no ha sufrido un gran desgaste político, la crisis ha reforzado su papel institucional y ha habido cierta tregua por parte de la oposición. Pero el jueves en el pleno sí le dieron un 'tirón de orejas' por los retrasos y las listas de espera en la atención al ciudadano en las citas previas. Esto no es algo exclusivo del consistorio, pero la diferencia es que el ayuntamiento es la administración más cercana y de la que primero se espera una respuesta.

Lo ocurrido en el pleno del jueves se repetirá más veces, aquí Podemos no está dentro del gobierno. Y cuanto más se acerque la cita electoral, más veces sucederá. Dependerá de los resultados y de las alianzas que se sepan tejer, algo que hasta el jueves ha sabido hacer bien el equipo de Salaya. Nadie dijo que gobernar un ayuntamiento fuese fácil, sobre todo en minoría. La Junta está lejos, en Mérida. El Gobierno está aún más lejos, en Madrid. Y la diputación está en Cáceres, pero a veces no se sabe si está.

El pleno ha mandatado, también con el voto del propio gobierno, a Salaya y a su concejal de recursos humanos, Andrés Licerán, a reforzar servicios municipales, entre ellos los que atienden las nuevas necesidades motivadas por el coronavirus, y reducir el tiempo de espera para ser atendido tras concertar la cita previa, que según denunció la oposición supera los 20 días en servicios como el registro. Fue un acuerdo sin mucha concreción, no se entra a decidir si la presencialidad, que en algunos servicios es del 50%, se incrementa o cómo se tiene que reorganizar la cita previa para que no haya esperas. La letra la tendrá que poner el gobierno y saldrá de los órganos en los que, además de los grupos políticos, están los representantes de los trabajadores y el servicio de prevención de riesgos laborales.

Quince días no es mucho tiempo, es menos que los cuatro años que dura la legislatura. La clave será saber cuántos plazos más de quince días le dará la oposición a Salaya para este y otros asuntos y sobre todo cuántas veces unirá Salaya y su gobierno a la oposición en su contra o a su favor.