El alcalde de la ciudad, José María Saponi, y el concejal delegado de Juventud, Francisco Javier Castellano, acudieron ayer al juzgado para prestar declaración por el caso del hípico . Ambos acudieron puntualmente a la comparecencia que tenían fijada, el alcalde a las diez de la mañana y el concejal a las doce, en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número tres.
Arropado por los concejales de su equipo de gobierno Andrés Nevado, Joaquín Rumbo, Santos Parra y Felipe Vela, así como del jefe de gabinete de la alcaldía, Agustín García, el alcalde llegó al Palacio de Justicia al menos media hora antes de la señalada para la comparecencia.
Su declaración, ante la juez que instruye el caso, y en presencia del fiscal y el abogado de los siete hosteleros que con su denuncia han provocado la instrucción judicial de la causa, se prolongó casi dos horas, el mismo tiempo que duró la del edil. Todas las partes declinaron realizar declaraciones a la prensa.
LA DENUNCIA La querella contra el alcalde y el concejal delegado de Juventud, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de la pista de verano, fue presentada el 26 de septiembre del pasado año por el abogado cacereño Angel Luis Aparicio Jabón, en representación de los propietarios de los locales La Calle, Ivanhoe, La Continental, El Peso del Pecado, La Vieja Trova, Submarino y Machiavello.
El motivo, la adjudicación que por parte del ayuntamiento se hizo a Farmacia de Guardia, Aquelarre, Capitán Haddock, La Hacienda y Vieja Trova para la explotación de la pista de verano del recinto hípico en unos terrenos de propiedad municipal.
Los hosteleros querellantes consideraron que la decisión municipal vulneró sus derechos y les causó importantes pérdidas, y por ello decidieron acudir a los tribunales. Exigen al ayuntamiento una responsabilidad de 500.000 euros --60.000 euros para cada uno de ellos-- por daños y perjuicios.
