El 3 de septiembre de 2013 se dictaminó en la comisión de Contratación del ayuntamiento el expediente para la licitación del contrato de conservación de los semáforos y del mecanismo para la regulación del tráfico. De este acuerdo parte el sistema de control con cámaras del acceso de vehículos al recinto intramuros y calles del casco viejo, operativo desde el pasado 23 de febrero. Han pasado casi dos años y medio entre que se tomó el acuerdo y su entrada en servicio, y eso que el ayuntamiento había decidido antes, en diciembre de 2012, denunciar el contrato que estaba entonces en vigor y no prorrogarlo para así poder convocar cuanto antes otro concurso que permitiese la sustitución de los bolardos, que motivaban "numerosos problemas de responsabilidad patrimonial" por los daños causados en vehículos, recordaba entonces el concejal de Contratación, José María González, por otro sistema, como el control del acceso con cámaras.

Entre diciembre de 2012 y febrero de 2016 ha habido un proceso de licitación, una adjudicación --al final la empresa es la misma que estaba, Sice, que es del grupo ACS--, la instalación de las cámaras en los accesos previstos, dos procesos de exposición pública de la ordenanza de regulación del mecanismo para la presentación de alegaciones, reuniones con empresas de distribución que pedían que se ampliase el horario previsto para la carga y descarga, tres alegaciones (una de un particular, otra de un grupo político y la tercera de un establecimiento hotelero) con sus respectivos dictámenes, una publicación definitiva de la ordenanza, un periodo transitorio de 15 días antes de su aplicación y por fin el 23 de febrero la activación de las cámaras.

PERO el 23 de febrero parte de los conductores que se acercaban a los puntos de acceso donde estaban agentes de la policía para informar del sistema no sabían que se empezaba ese día, mostrando su extrañeza cuando el policía les explicaba que a partir de esa fecha si pasaban sin autorización se les multaba.

A todo lo anterior se suma ahora otro plazo de prueba de cuatro días en los que las infracciones que se han cometido por los conductores que han entrado sin autorización no se tramitarán. La presencia de los agentes en los dos puntos de entrada con más tránsito y el riesgo real a una multa (200 euros por no respetar la señal de prohibido el paso salvo los vehículos autorizados) ha sido tan efectivo como los procesos de exposición pública, acuerdos e informaciones que se han sucedido durante los últimos tres años. Si ese periodo sin sanción, con la presencia de agentes de policía en los puntos de acceso para informar a los conductores, se hubiese prolongado más días tampoco hubiese pasado nada.

La activación de las cámaras y la amenaza real de la sanción también han servido para detectar carencias en el sistema que con la ordenanza y sus procesos de exposición pública no se habían planteado. Una es la necesidad de distinguir entre la distribución a empresas, con su horario fijado para la carga y descarga, y el reparto a domicilio, que requiere de una mayor flexibilidad para acceder a la zona restringida. Otra es la necesidad de ampliar las calles en las que se dan autorizaciones a los vecinos para acceder al recinto acotado, en este caso a parte de los que residen en Margallo, que se han quedado sin uno de los accesos más directos hasta sus casas.

Y a estas situaciones probablemente se sumarán en los próximos días otras necesidades y carencias que tenga el sistema y que no se detectan hasta que se aplica. Con todo esto, a lo mejor habrá que ir ya pensando en qué mecanismo tendrá que sustituir a las cámaras en un futuro, porque hacerlo con tres años de antelación ya se ha demostrado que no es tiempo suficiente.