La ronda Norte ha sido la obra más importante de la ciudad de los últimos 30 años. Se inauguró el 6 de octubre de 2004, hace algo más de seis años con el objetivo de descongestionar la zona centro y unir Cáceres de este a oeste por la zona norte. De hecho, durante los dos primeros días de su existencia logró sacar 16.000 vehículos del eje de Hernán Cortés y reducir la circulación del centro de la ciudad en un 30%.

Aunque realmente el inicio de esta vía se sitúa en mayo del año 2000, en una reunión entre el entonces alcalde de Cáceres, José María Saponi, y el ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. En aquel momento el consistorio aportó los terrenos y la Junta sufragó la obra, que tenía un coste inicial de 19,4 millones, pero que finalmente ascendió a 21 millones de euros repartidos a partes iguales entre los dos tramos: el que comunica las carreteras de Trujillo y Casar de Cáceres (donde se encuentran los sectores 1, 3, y 4 de La Mejostilla y los residenciales Gredos, Proexa, Montesol 1 y 2 y Ronda) y el de La Sierrilla. En este último tramo la ronda supone el borde de la ciudad.

PROTESTAS Sin embargo, desde el principio ha sido una vía muy cuestionada: primero por la limitación de velocidad (entonces 50 kilómetros hora), después por los ruidos que provocaba y aún provoca su existencia a los vecinos del residencial El Arco y R-66, y por último por la lejana entrada a La Sierrilla que se puso en su inicio.

La limitación de velocidad quedó solucionada a los dos años de su apertura. A pesar de que se trata de una vía urbana --por lo que según el código de circulación la velocidad máxima deberían ser 50 km/h-- la comisión de Tráfico aprobó aumentarla en 30 kilómetros hora más entre tramo y tramo de rotonda.

Los vecinos de los dos sectores de La Sierrilla también vieron cumplidos sus deseos de poder acceder a su barrio por la rotonda de la N-630, es decir, por la del V Centenario, pero eso sí, después de varias movilizaciones.

Sin embargo, los ruidos en los residenciales El Arco y R-66 continúan en activo después de que han pasado casi seis años y medio de su apertura y de que los vecinos han elevado numerosas quejas al gobierno y al Defensor del Pueblo. En diciembre del pasado año el ayuntamiento aprobó en presupuestos la instalación de paneles antirruido, pero todavía no han visto la luz.