Dos empresas especializadas en consultorías del sector de transportes, Tool Ulee y Consultrans, y una auditora multinacional, Princewaterhouse Coopers, son los tres grupos candidatos a realizar el estudio exahustivo del servicio de autobuses urbanos que el pleno de la corporación municipal encargó en su sesión ordinaria de noviembre. En otro acuerdo del pleno, pero éste de octubre, se acordó la revisión de la tarifa del autobús, que aún continúa pendiente de aplicarse.
La subida no podrá ser efectiva hasta su examen por la Comisión Regional de Precios, que tendrá que reunirse antes de mediados de año, aunque, a fecha de ayer, aún no se ha convocado a los colectivos que están en este órgano. La última reunión se celebró a finales de año, y el expediente de Cáceres no se vio porque, según advirtió en diciembre la oposición municipal, la documentación llegó fuera de plazo. La subida que se aprobó en octubre fue, en las dos cuotas que más se pagan, de 5 céntimos en el billete, de 75 a 80, y de 50 en el bonobús, de 5,5 a 6 euros.
Delegados de cada una de las tres empresas detallaron ayer su metodología de trabajo ante la comisión técnica y política que se ha constituido para llevar a la práctica el mandato del pleno.
La decisión sobre a qué empresa se adjudicará el trabajo "se valorará el --próximo-- martes", indicó ayer el presidente de la comisión, el edil de Tráfico, Santos Parra. El coste del trabajo está entre los 61.000 euros de la oferta más barata y los 123.000 de la más cara. Entre las labores planteadas en las propuestas hay desde "encuestas" entre los usuarios hasta análisis de "líneas, recorridos, frecuencias y otras cuestiones" que están relacionadas con el transporte público, añadió Parra. En cuanto a la realización de las iniciativas que surjan del estudio, el concejal indicó que tendrá que ser "una decisión de todos los grupos políticos".
El transporte público es un servicio de titularidad municipal que está gestionado por una empresa, Autobuses Urbanos del Sur (Busursa), que tiene la actual concesión desde 1999. El servicio parte de un contrato inicial, que fue el presentado por la empresa en su oferta, que se ha ido modificando en base a las necesidades del servicio. Cada modificación incide en el incremento de costes y acaba teniendo una repercusión en la tarifa, siempre al alza. Además se trata de un servicio deficitario, lo que anualmente causa una controversia política sobre la idoneidad de los trayectos, y es esa diferencia de la que parte la consultoría que una empresa va a hacer ahora y que tiene por objetivo fijar qué se puede mejorar del servicio.
No es el primer estudio que se hace de las líneas. En la legislatura anterior se realizó un amplio análisis por parte de los técnicos del consistorio, que, no obstante, no tuvo una incidencia en la variación de los trayectos y que, en base a las encuestas hechas a los usuarios, concedía un aprobado al servicio de autobús urbano.
