La comisión mixta que analiza el expediente del agua cerró ayer sus reuniones con un dictamen a favor con el voto de los dos grupos políticos mayoritarios (PSOE y PP). Las objeciones planteadas por la secretaría general por las últimas modificaciones en el expediente no imposibilitaron que los dos grupos votasen a favor.

El expediente deja abierto el incremento final de la tasa, tanto la del agua como la del alcantarillado. Ambas deberán subir, un aumento que como mínimo rondará el 50%, debido a que los costes del servicio se incrementan y los gastos se sufragan con los ingresos del mismo, cuyo recurso principal es la tarifa que paga el usuario cada bimestre.

Pero el expediente, además del tarifario, sí da unos mínimos y máximos en relación al precio del agua tratada y facturada. El precio mínimo del agua tratada, toda la que pasa por la planta potabilizadora, es de 1,10 euros por cada mil litros (coste unitario mínimo a valorar, las empresas que opten ahora al concurso para la gestión del agua no podrán bajar de ese precio).

Según los datos sobre ingresos y consumos que se recogen en el anteproyecto de explotación del servicio que se incluye en el expediente, por cada mil litros que se tratan se ingresan 74 céntimos en base a los datos del año 2009, el último ejercicio ya cerrado. Con el nuevo contrato su precio tiene que ser como mínimo de 1,10 euros por cada mil litros, lo que lleva a un aumento del 48,6%.

En cuanto al agua facturada, por la que se paga, el expediente recoge unos valores máximos: de 1,25 euros por mil litros en la tasa del agua y de 52 céntimos por mil litros en la tasa de alcantarillado, que, respecto a ingresos por ambos conceptos y consumos del 2009, supone un aumento que como máximo es de un 60%. Estos dos precios no se pueden sobrepasar y se irán reduciendo en la medida en que las empresas presenten costes que se acerquen al precio mínimo de 1,10 euros por cada mil litros que se traten.

Una vez adjudicado el servicio, se definirá el importe exacto de la subida, que dependerá de la oferta de la empresa que se quede con la gestión, y cómo se aplica a los usuarios.

En cuanto a las objeciones planteadas por la secretaría general, se refieren, entre otras, a los criterios de revisión de la tarifa, a los plazos para la solicitud del mantenimiento del equilibrio económico de la concesión o al cobro por la concesionaria de la tasa en voluntaria. La agrupación vecinal también planteó ayer nuevas propuestas.