El presidente de la asociación de vecinos del residencial Universidad, Lorenzo Clemente, expresó ayer la preocupación de la junta directiva de que se produzca un retraso en la regularización de la urbanización. La directiva de la asociación se reunió la noche del lunes y acordó convocar para finales de febrero una asamblea de todos los residentes. En este polígono hay unas quinientas casas, entre los pisos en bloques y las unifamiliares, y la mayoría están ocupadas.
Clemente comentó ayer que se teme que si se vuelve a judicializar la situación de la urbanización se deje en suspenso cualquier decisión que afecte a la ordenación del residencial con el nuevo plan general de urbanismo. El residencial está fuera de ordenación tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la orden de la Junta de Extremadura que permitió su construcción, una decisión que supone que el residencial con sus 550 viviendas esté ahora sobre un terreno que es no urbanizable protegido.
La intención del gobierno local es que la actual situación se regularice aprovechando que se tiene que aprobar un nuevo plan de urbanismo. La urbanización aparece entre los suelos urbanos en las aprobaciones iniciales del documento, que debe pasar otra vez por el pleno del ayuntamiento para su aprobación conforme a las correcciones de la Junta.
La decisión de la asociación de propietarios de la Montaña de solicitar la ejecución de esta sentencia es la que lleva a la directiva vecinal a temer que por parte del Supremo se solicite la suspensión de cualquier decisión sobre el residencial mientras que se resuelve qué consecuencias pueden derivarse de la ejecución. Una de las ideas que baraja la asociación de propietarios es instar al ayuntamiento a que sea la propia institución municipal la que pida la ejecución.
Clemente recordó que la urbanización no se ha podido recepcionar por el ayuntamiento, dada la actual situación de irregularidad en la que se encuentra, y añadió que carecen de dotaciones y servicios, ya que los locales que hay en el residencial son parte de las cesiones al ayuntamiento, que todavía no los ha podido ocupar. "No podemos seguir aislados, hasta para comprar el pan hay que salir de la urbanización", dijo Clemente.
