Tres años después del anuncio de su desalojo tras el hallazgo de una joven emparedada en uno de sus pisos, el bloque C de la calle Ródano, en Aldea Moret, sigue en pie, con 13 familias dentro y en unas condiciones pésimas de habitabilidad. Mientras tanto, el ayuntamiento debe resolver aún la situación de ocho ocupantes ilegales en el inmueble para poder desalojar por completo este edificio de viviendas sociales, el más castigado por la droga, la delincuencia y la marginación en la barriada. El deterioro de las zonas comunes ha ido en aumento y la basura se acumula en los garajes y los rellanos, según comprobó ayer este diario en un recorrido por el interior del inmueble.
El gobierno municipal anunció el pasado día 6 que tiene previsto realojar a 13 familias que viven de forma legal en el bloque en otras viviendas que está reformando en la misma barriada. Paralelamente, ha iniciado otro procedimiento para poder recuperar las ocho viviendas ocupadas de manera ilegal. Para ello, el ayuntamiento tendrá en primer lugar que resolver judicialmente los contratos de compra-venta que firmó en su día con los adjudicatarios iniciales. Estas viviendas, que no llegaron a escriturarse, han sido ocupadas posteriormente mediante el método de la patada en la puerta por otros inquilinos que se verán obligados a abandonarlas.
Según explicaron fuentes municipales, también será necesario que el ayuntamiento inicie con posterioridad acciones judiciales para poder recuperar esas viviendas ocupadas ilegalmente con el fin de completar todo el proceso. En la actualidad se están tramitando cinco expedientes y uno ya se ha resuelto con éxito tras la renuncia de un adjudicatario. Hay otros cuatro casos que están aún en fase de estudio y que también tendrán que resolverse para que el edificio del bloque C pueda ser desalojado definitivamente.
SIN USO FUTURO Según ha explicado el gobierno municipal, ya se han realojado en otras viviendas de Aldea Moret a otras 22 familias, según el anuncio realizado el pasado día 6 por la concejala de Asuntos Sociales, Marcelina Elviro. Estos propietarios han tenido que comprar y escriturar la vivienda a la que se han trasladado para que pueda ser suya ya que, recordó Elviro, el ayuntamiento "tenía la obligación de respetar su contrato de compra-venta y regularizar la nueva vivienda".
Consultada ayer por este diario, Elviro se mostró reacia a dar detalles sobre el procedimiento que está llevando a cabo el ayuntamiento para desalojar las viviendas y se limitó a explicar que "se trata de un proceso delicado en el que estamos trabajando". Sobre el futuro que tendrá el edificio, añadió que se han encargado estudios a los técnicos municipales, sin precisar con qué alternativas se está trabajando. La alcaldesa, Carmen Heras, se mostró partidaria en diciembre del 2007, coincidiendo con el acto de entrega de llaves a los primeros cuatro vecinos del bloque C que se trasladaron a otras viviendas, de destinar este inmueble a usos administrativos, aunque no concretó si se derribaría para construir otro.
Por su parte, la concejala del PP, Basilia Pizarro, no quiso dar ayer explicaciones sobre las propuestas que su partido plantea para resolver la situación de este edificio y se limitó a asegurar que tiene previsto reunirse con los vecinos esta semana.
