La Unión Temporal de Empresas (UTE) que comenzó a construir el nuevo hospital demanda al Servicio Extremeño de Salud (SES) para que le pague los 28,6 millones que le debe. La cantidad, fijada por la propia unión formada por FCC, Joca y Placonsa, se debe según ellos estiman, a los daños y perjuicios ocasionados por la extinción del contrato de obras en el año 2013, cuando la ejecución se encontraba terminada al 91%.

La primera opción de las constructoras fue reclamar directamente al SES ese dinero, pero nunca llegó a contestar a su petición. Ante esta situación presentaron una reclamación al juzgado de lo contencioso administrativo de Mérida, hace justo ahora un año. Para poder tramitar el proceso el juzgado ha solicitado hasta en tres ocasiones a la Junta (la última incluso bajo apercibimiento de multa) que remitiera el expediente administrativo de dicha reclamación. Es decir, que comunique los pasos que ha dado el SES desde que la empresa solicitó esa reclamación para estudiar la situación.

La contestación de la Junta a los tribunales llegó hace unos días, pero simplemente para informar de que «no existe expediente administrativo» porque «no ha sido resuelta aún por el órgano competente» y que lo único que puede aportar es la reclamación que realizó la propia empresa. Ante esto la UTE ha optado por presentar una demanda (ya la tiene preparada y lo hará en los próximos días) para pedir a través del juzgado, ahora sí de forma oficial, que obligue al SES a pagar.

«Ha habido negligencia y mala fe procesal por parte de la administración porque ha estado demorando la contestación para no aportar nada._Lo que se podría haber resuelto en nueve días ha tardado seis meses», afirma a este diario el abogado que representa a las empresas, Juan María Calero.

Cabe recordar que es la segunda vez que esta UTE acude a los tribunales por la ejecución de la primera fase del complejo levantado en El Cuartillo. Ya lo hizo cuando se tomó la determinación de rescindir el contrato. En este caso, primero el Juzgado Contencioso Administrativo de Mérida y luego el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) le dieron la razón al estimar que la resolución del contrato no se ajustaba a derecho porque la administración sobrepasó el plazo de tres meses para notificar la resolución y el expediente caducó y porque no se puede imputar a la UTE el retraso en la ejecución de la obra. Lo que hace ahora la empresa es reclamar los daños y perjuicios por esa extinción del convenio de obras.

Al margen de este proceso judicial la primera fase del hospital Universitario se terminó y abrió hace algo más de dos años. En cambio aún no se ha proyectado la segunda fase. La previsión era haber contratado la redacción del proyecto durante el año pasado, pero el coronavirus lo paró. Este año se reserva una partida de 1 millón de euros para ello pero por el momento la Junta de Extremadura no concreta plazos.