La asociación de vecinos afectados por las Viviendas Municipales de Aldea Moret en Cáceres, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Red de Solidaridad Popular (RSP) han solicitado al Ayuntamiento de Cáceres estar presentes y participar en la Mesa del Agua ya que aseguran que parte de la deuda que soportan proviene de las casas de propiedad municipal que están deshabitadas y que, al tener contadores comunes, el recibo repercute en toda la comunidad de vecinos.

Por ello, el presidente de la asociación, José Rodríguez Bello, ha pedido este miércoles que el ayuntamiento instale contadores individuales en cada vivienda para conocer el consumo exacto de cada una y para que no tengan que repercutir el gasto a la comunidad, al tiempo que ha insistido en que las casas municipales vacías generan un gasto medio mensual de unos 20 euros por el suministro que deberá abonar el ayuntamiento al ser el propietario de las viviendas.

Para tratar estos y otros asuntos relacionados con el suministro de agua, este colectivo quiere estar presente en las reuniones de la Mesa del Agua "en calidad de afectados junto a Alcaldía, resto de grupos políticos, empresa concesionaria y técnicos para garantizar la representatividad y legitimidad en los análisis y toma de decisiones de la misma", asegura el escrito registrado el pasado lunes haciendo formalmente esta petición.

No obstante, Rodríguez Bello reconoce que puede haber vecinos que no hagan frente al recibo de la comunidad, del que se extrae la factura del agua, y los demás tienen que cargar con el pago, lo que "está generando un conflicto entre los propios vecinos", asegura, mientras piden que se resuelva "ya" este problema que viene coleando desde hace años y que se estudie la situación de cada caso para que no se vuelvan a producir los cortes de agua que tuvieron lugar el pasado mes de enero.

Por su parte, el portavoz de la PAH, Pedro Cordero, ha recordado que tras el corte a 412 viviendas se repuso el suministro pero "la deuda con la empresa por impago continúa" por lo que el ayuntamiento ha emitido requerimientos y se conocen casos de que "se les ha embargado el coche o la cuenta bancaria" a familias "que están en situaciones complicadas".

Cordero recuerda que, en definitiva, se trata de garantizar el cumplimiento de la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

Desde estos colectivos, se insiste en que se trata de situaciones de "emergencia social" que hay que resolver y uno de los afectados por el corte de agua, Fernando Muriel, ha mostrado su indignación por que los diferentes gobierno municipales no hayan solucionado este tema legislatura tras legislatura.

"La corporación cacereña no tiene vergüenza y solo están ahí para llevarse el sobre a final de mes", ha dicho Muriel quien defiende que él "paga religiosamente sus facturas de la comunidad" pero siente "impotencia" por la situación que vive el barrio y que no se resuelve con el paso de los años. "Los políticos vienen a Aldea Moret pero después no se acuerdan más de nosotros", concluye.