Los vecinos de la Ciudad monumental tendrán que costear el cambio de sus acometidas de plomo en aquellas viviendas donde aún existe este material, prohibido desde 1980 por sus graves consecuencias para el organismo. Así lo determina el informe emitido por la Secretaría General del ayuntamiento, que coincide con otro redactado por los técnicos de la Inspección Municipal de Servicios. «La normativa es muy clara en este sentido. La red general termina en la acometida y a partir de ahí es titularidad de las viviendas», explicó ayer Rafael Mateos, portavoz municipal.

El problema salió a la luz tras un cambio de contador realizado por un vecino, al descubrir que su acometida (tramo que va de la red general a la vivienda) era de plomo. De las primeras 33 casas analizadas por laboratorios, la mitad dio positivo en presencia de plomo en el agua de consumo. En algunas se supera más de ocho veces el límite máximo aconsejado (10 microgramos/l). Unos 170 inmuebles esperan ahora nuevos análisis que se ha comprometido a realizar el ayuntamiento a través de la farmacia municipal.

El portavoz lo dejó ayer muy claro: «el mantenimiento y la sustitución de las acometidas corresponde a los vecinos». Además, afirmó que la empresa concesionaria, Canal de Isabel II, «nos dice que toda la red general de distribución de aguas de Cáceres está sustituida y no contiene ninguna tubería de plomo». No obstante, Rafael Mateos subrayó que «desde el equipo de gobierno estamos estudiando la posibilidad de establecer algún tipo de ayuda para renovar las acometidas, que pese a ser una propiedad exclusiva de los vecinos, entendemos que en este caso el ayuntamiento sí debe hacer frente al problema».

Mateos aclaró que «establecer una ayuda para tal fin es perfectamente compatible, existen muchas líneas de subvenciones de las administraciones públicas a particulares». Agregó que en esta ocasión con especial motivo, «porque la Ciudad Monumental es lo que es gracias en gran parte al esfuerzo de los vecinos, que tienen bastantes limitaciones por vivir en el entorno, y la mejor manera de agradecerlo es a través de una ayuda que facilite actuaciones cómo ésta», matizó.

ANÁLISIS EN MÁS BARRIOS / Además, el ayuntamiento extenderá los análisis a aquellas barriadas que muestran su preocupación por la presencia de plomo en el agua de consumo, como así lo han hecho ya algunas creadas antes de los años 80. «Pero insisto en que la red general de abastecimiento está sustituida, que no existe plomo y que en todo caso quedaría en alguna propiedad privada», incidió Mateos.

Por su parte, el presidente vecinal de la Ciudad Monumental, Juan Manuel Honrado, declaró ayer que aún no tenían constancia de ningún informe oficial que determine la titularidad de las acometidas (se reunirán este jueves con el ayuntamiento), y que, en todo caso, «antes hay que detectar dónde están las acometidas de plomo, quién las tiene y quién no, y después ya se verá a quién corresponde costear los cambios y de qué manera se financian. Para nosotros no se puede saltar este primer paso tan importante», dijo «El ayuntamiento se ofreció a colaborar y debemos tener esperanzas en ello, pero no podemos bajar la guardia porque Canal no deja de ser una empresa que protege sus intereses, que empezamos a dudar que sean los de los ciudadanos», afirmó preocupado.

Respecto a la responsabilidad de las acometidas, asegura que la legislación es muy compleja y habría mucho que revisar. En Cáceres no se realizó una campaña de información y localización de estas tuberías previa a 2012, obligada por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, antes del cual las acometidas pertenecían a la red pública. Asimismo, el presidente vecinal insiste en que el concurso del servicio del agua de 2010 establecía que la empresa adjudicataria tendría a su costa «la sustitución de las acometidas».

«Es importante que los ciudadanos no nos quedemos callados ante algo que creemos injusto», dijo Honrado, que espera avanzar en este asunto en la reunión del jueves con el ayuntamiento.