Las Asociaciones de Vecinos de Los Castellanos y El Arco (R66-A) reclaman a Gas Extremadura que preste servicio en sus barrios. El desacuerdo nace de la contraprestación económica que la compañía exige a los vecinos y que ha provocado la intervención de la Junta y la Comisión Nacional de la Energía.

Es el caso del residencial El Arco que, en febrero del año pasado, presentó 45 solicitudes a la compañía para contratar el servicio. Según el colectivo vecinal, la respuesta fue que debían correr con los gastos de la acometida como establece el Real Decreto 1434/2002, con un coste aproximado de 6.000 euros por vecino (un millón de pesetas).

La versión vecinal indica que el punto más cercano de la red de distribución se encuentra a 600 metros, en la avenida Rodríguez de Ledesma, a los que habría que añadir los metros de red hasta el domicilio de cada solicitante del servicio.

Los vecinos afectados se negaron a asumir estos costes y pidieron que se les incluyera en los planes de expansión de las redes de distribución para no correr con los gastos de las acometidas. La empresa distribuidora, explicaron, argumentó su negativa a esta petición vecinal por "la falta de rentabilidad" en esa zona.

Sin embargo, los vecinos sostienen que entre las condiciones de la concesión a Gas Extremadura se incluye un apartado por el que la empresa está obligada a efectuar el suministro y realizar las ampliaciones necesarias para atender a cualquier peticionario.

En una situación similar se encuentra el barrio de Los Castellanos. Según explicó Enrique Navarro, presidente de la asociación de vecinos, éstos tienen que hacer frente a un gasto de 3.000 euros (500.000 pesetas) para poder tener gas natural en sus casas. Añadió que ya han mantenido una reunión con la empresa distribuidora, pero aún no han alcanzado ningún acuerdo.

El responsable del colectivo vecinal afirmó que han recibido muchas peticiones para incorporarse al servicio y dejó claro que sólo están dispuestos a pagar 600 euros (100.000 pesetas) por engancharse a la red.

RESPUESTA NEGATIVA Por su parte, Marisa Moreno, responsable de Gas Extremadura en Cáceres, señaló que la compañía no puede hacer frente a la inversión para llegar a estas zonas: "No podemos negar el suministro de gas a nadie porque así lo afirma la ley. La fórmula aplicable en estos casos es establecer unos derechos de acometida".

Moreno aclaró que Gas Extremadura es una empresa privada "que realiza unos estudios económicos que, si no son positivos, nos impiden hacer una inversión". Indicó también que han recibido peticiones particulares en el mismo sentido, aunque los dos únicos barrios son Los Castellanos y el residencial El Arco. Asimismo, añadió que realizan acciones conjuntas con el ayuntamiento para actuar en calles del casco antiguo.