Veinte ancianos que continuaban ayer en la residencia San Pancracio, cerrada cautelarmente por la Junta de Extremadura al no reunir las condiciones sanitarias y de atención social suficientes, aguardaban ayer con impaciencia su destino mientras sus familiares y la propia administración trataban de encontrarles una ubicación definitiva. El nerviosismo se apoderó de algunos residentes, que esperaban con desasosiego noticias sobre su futuro. Unos criticaban a la consejería por su decisión, otros callaban.
La Junta comunicó el pasado lunes al geriátrico el cierre. Transcurrido el plazo de 10 días para interponer alegaciones, la residencia tendrá que cerrar sus puertas el próximo 17 de julio. Hasta entonces, deberá darse una solución al nuevo destino de los residentes. La Junta garantizó que la Consejería de Bienestar Social ha previsto todos los recursos necesarios para atender "de manera inmediata, si fuera necesario" a los mayores que actualmente residen en el centro.
La decisión del gobierno autónomo, tal como publicó ayer este diario, se basa en un informe de inspección realizado el pasado 23 de junio, "del que se desprenden situaciones tales como la falta de una alimentación adecuada, incorrecta manipulación de los alimentos y utensilios de cocina en mal estado". También se refiere a la carencia de profesionales, olores desagradables y falta de atención en el aseo de los mayores.
Por su parte, las directoras y administradoras del centro, Natividad Mena y Celia González, anunciaron ayer que han puesto el caso en manos de un abogado, que presentarán alegaciones y que adoptarán las medidas pertinentes para que el asunto se resuelva en los tribunales. Mena y González consideraron "injustificada" la clausura y dijeron que las deficiencias alegadas son subsanables.
El geriátrico San Pancracio inició su actividad el 2 de diciembre de 1997. Las propietarias eran funcionarias de la Residencia Asistida de Cáceres y abandonaron esta actividad para emprender la iniciativa privada.
Argumentan que Bienestar Social les puso inconvenientes para su apertura. "Perdieron el primer proyecto técnico que presentamos en la consejería. Tuvimos que presentar otro y nos dijeron que pusiéramos un grupo electrógeno, cuando el decreto no lo estipulaba. Finalmente, un mes de agosto nos dieron los permisos".
Añaden que los informes "no concretan las deficiencias. No hay nada que sea concreto, es abstracto". El centro tiene nueve trabajadores y la residencia es de 30 plazas. Consideran que la atención que se les presta a los ancianos es adecuada y que éstos cuentan con informes médicos de ingresos e historiales clínicos.
