¿Es lícito exigir a la administración una vivienda digna, saltándose los cauces legales, o por el contrario supone un chantaje? Este es el debate después de que cuatro familias de Badajoz iniciaran hace una semana una huelga de hambre ante la residencia oficial del presidente de la Junta en Mérida. El apoyo que ayer les brindó personalmente el coordinador general de IU, Cayo Lara, y la merma física que comienzan a sufrir los manifestantes han avivado la polémica.

Lara se solidarizó con estas familias, que vivían de alquiler pero que se vieron en la indigencia al dejar de recibir las prestaciones por desempleo y no encontar trabajo, motivos por los que reclaman a la Junta una vivienda pública. Además de mostrarles su apoyo y de explicarles cuáles son sus opciones para continuar percibiendo ayudas, Lara aseguró que el derecho a la vivienda lleva "32 años en la Constitución Española y para familias como estas no se cumple".

También señaló que enviará "una carta a Zapatero para que interceda ante Guillermo Fernández Vara", con el fin de que "se resuelva el problema". Lara se interesó por la situación de estas cuatro familias tras conocer su caso a través de las noticias, y se trasladó a Mérida para mostrarles su apoyo.

Los afectados llevan 15 días, 8 de ellos en huelga de hambre, esperando una respuesta de la Junta. Además se quejan de que a pesar de las altas temperaturas, y de que solo ingieren agua con azúcar y limón, no han sido atendidos por los equipos sanitarios.

Coincidiendo con la visita de Lara se vivieron momentos de tensión cuando una de las huelguistas sufrió un mareo. En este caso sí acudió una ambulancia del 112 para atenderla. A su llegada, la madre de algunos de los afectados increpó a la médico recriminándole que "nunca vienen cuando se les llama, sólo hoy porque está aquí la prensa".

El coordinador regional de IU, Pedro Escobar, aseguró que la Consejería de Fomento "ha difundido informaciones falsas, tratando de presentar a las familias como marginales, cuando son trabajadoras. Se ha dicho que a una de estas familias se le ofreció otra vivienda, pero queremos pensar que el consejero no conocía como estaba (en muy malas condiciones, según dijo), porque entonces si aun sabiéndolo se la había ofrecido, merece otra calificación".

La Junta se mostró "perpleja" ante las declaraciones de Lara, en las que "insta implícitamente a saltarse el procedimiento para adjudicar viviendas públicas, para alojar a ciudadanos que utilizan medidas de presión para no cumplir la normativa". La administración regional dejó claro que estas viviendas se adjudican "en función de las necesidades sociales, y con imparcialidad y justicia. Nuestras prioridades son solucionar los problemas de los ciudadanos y no caer en la demagogia y el oportunismo". La portavoz regional del PSOE, Ascensión Murillo, insistió en que "no se puede ceder al chantaje" y que "esta protesta es un insulto para miles de extremeños que están en paro". Además "alguna responsabilidad tendrá también el consistorio pacense", señala, y tacha a IU de "oportunista".