Ningún trabajador puede ser discriminado por razón de sexo. Eso es un derecho fundamental que los jueces están obligados a tutelar para impedir que los empresarios utilicen sus facultades organizativas y disciplinarias contra ese derecho.
En estos procesos judiciales, el empresario debe acreditar siempre que las decisiones adoptadas --que suponen una lesión del derecho del trabajador-- tienen unas causas objetivas y razonables y eliminar toda sospecha de que ocultó la vulneración del derecho. La distribuidora de Coca-Cola contra la que falla el juzgado no dio justificación objetiva a esas causas.
