Los allegados de los mayores fallecidos o gravemente enfermos durante la pandemia en la residencia El Cuartillo de Cáceres (conocida como la Asistida), han pasado de la desazón a la indignación. Tras conocer que el PSOE rechazó el jueves en la Asamblea de Extremadura la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de los geriátricos durante el coronavirus, este viernes han comparecido ante las dependencias cacereñas del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) para exigir responsabilidades. Han pedido la dimisión del director gerente de este organismo autonómico, José Vicente Granados, y del consejero de Sanidad, José María Vergeles.
Lo han hecho con camisetas negras muy simbólicas, en las que, en torno a una lazo negro y un dibujo alegórico de los trabajo de ganchillo que realizan los abuelos, llevan el nombre de su colectivo ya constituido oficialmente: Asociación Damnificados Asistida. Ha sido una comparecencia en la que, además de pedir conciencia a los políticos, también han rendido homenaje a sus seres queridos, visiblemente emocionados. De hecho, han acudido con una silla de ruedas vacía en recuerdo a los que ya no están, en la que depositaron claveles.
El presidente, Javier García, ha destacado a través de un manifiesto que han fallecido 93 personas en la Asistida, «todas con nombres y apellidos, como Julia, Santiago, Vicenta…». Las familias aseguran que apenas les informaron, que no pudieron ver ni hablar con sus mayores y que había recelo para llevarlos al hospital. De hecho, la querella por vía penal que prepara el colectivo ha tenido que aplazar una semana su presentación ante el juzgado por la cantidad de adhesiones de nuevas familias. Una treintena se han sumado en firme a la causa que lleva el despacho de abogados Pita & Broncano, pero hasta 55 se han entrevistado ya con los letrados. No obstante, una vez entregada, podrían incorporarse más afectados.
La asociación afirma que ha tomado este camino para saber «la verdad» de lo ocurrido en el centro durante la pandemia, y para proteger a los ancianos que allí siguen, máxime ahora que se ha tumbado la comisión de investigación (propuesta por el PP), apoyada por toda la oposición. «Entendemos que si no quieren investigar es porque algo se oculta. La transparencia, de la que tanto se les llena la boca, se volvió turbia con olor a muerte», dijo ayer Javier García.
Los familiares no comprenden que en otras comunidades vayan a formarse comisiones de investigación, pero no en Extremadura. «Si creen que lo han hecho todo bien, ¿por qué no la realizan? Hemos retrocedido 40 años en democracia, hemos vuelto a los ‘Santos inocentes’ ¿Qué hay que tapar?», inquiere Javier García.
El colectivo también ha rechazado que el PSOE extremeño se escude en los recortes del pasado para justificar lo ocurrido en los geriátricos. «Eso no nos vale, ahora gobiernan ellos, estamos en el presente y no en el pasado, y si no hay EPIs se sacan de debajo de las piedras. La Junta no ha comprado nada de material de protección, ha estado a expensas de lo que le ha entregado el Gobierno», lamentan los damnificados.
Respecto a la situación vivida en los geriátricos, los familiares denuncian que se «ha dejado a los trabajadores de la Asistida en una guerra solos, en un sálvese quien pueda, con test de un 30% de efectividad, mascarillas que llevaron puestas 15 días y eran defectuosas, y pasillos tapados con el plástico que cubría un pallet de esponjas». Afirman que algunos empleados han trabajado incluso con el virus y sin PCR. Según el colectivo, este personal «ha vivido un holocausto y necesitará ayuda psicológica durante años».
Les duele especialmente que los gestores digan que no existía manual de instrucciones para las situaciones vividas por sus seres queridos. Recuerdan que incluso los familiares tuvieron que acudir a la Inspección de Trabajo para que obligara al centro a cumplir la normativa existente en relación con el virus y la exposición de los trabajadores. «Si no vale para dirigir la crisis, abandone el barco, no valen excusas», plantea el colectivo sobre el director del Sepad. «Ni siquiera han tenido el valor de visitar las residencias y ver qué necesitaban», critican sobre los responsables institucionales.
«NO LO MERECÍAN»
Los damnificados reiteran que han fallecido casi un centenar de ancianos en la Asistida, «maravillosas personas que tuvieron una infancia llena de penurias y que sacaron a sus hijos adelante en una España en blanco y negro. No merecían morir así, sin que un hijo les sujetara las manos». En este sentido, recriminan a José María Vergeles que no haya dado la cifra de víctimas de la Asistida, y recuerdan al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, su intención de ofrecer un gobierno transparente. «Pues este gobierno está lleno de nieblas, y esto no lo merecían los fallecidos en las residencias», concluyen.
