El contrato por el que Cysex gestiona la zona azul se adjudicó el 17 de agosto de 2012 y se formalizó el 10 de septiembre de ese año. Era por un periodo de dos años con una prórroga máxima de dos más. En septiembre de 2016, cuando su periodo de vigencia había finalizado, la entonces alcaldesa, Elena Nevado, resolvió la continuidad del contrato hasta que se adjudicase uno nuevo, algo que se esperaba resolver en unos meses. Pero tres años después esa prórroga continúa.
Un contrato que se adjudicó por dos años lleva ya siete al sumarse los cinco de su prórroga. No es la primera vez que por las necesidades del servicio se decide prolongar un contrato de concesión o de un servicio público pese a haber expirado su vigencia, ya ocurrió con la basura o con el agua, en ambos casos con polémica, aunque sí es la vez que más se está prolongando.
El portavoz del ejecutivo municipal, Andrés Licerán, citó recientemente que una de las prioridades del nuevo gobierno local es «el contrato de la zona azul, que tenemos encima de la mesa», añadiendo que se estaba con «una ronda de contactos con todos los grupos políticos» para ver su disposición. El gobierno local socialista tendrá votos suficientes para sacar adelante los pliegos del nuevo concurso, al menos los grupos municipales del PP y de Ciudadanos ya se posicionaron en la pasada legislatura a favor de sacar de nuevo a concesión la gestión de la zona azul y de doblar el número de plazas.
EN EL ANTERIOR MANDATO / Por contra, el PSOE, ahora en el gobierno y en la pasada legislatura en la oposición, se mostró hace tres años en contra del nuevo contrato. El propio Licerán, cuando el expediente se debatió en la comisión de Contratación, admitía la necesidad de una mejora del tráfico, pero sin cobrar por ello, y se oponía a que en el nuevo contrato el servicio se sacase a concesión por un periodo de diez años. Ahora el gobierno de Luis Salaya tiene que decidir cómo queda la zona azul. Licerán, que es el concejal de servicios públicos, adelantó en julio que en la nueva zona azul podría haber menos calles afectadas por la limitación y el control del estacionamiento.
El contrato en vigor se adjudicó con 807 plazas en el año 2012 afectando a una quincena de calles. Tres años después, tras las ampliaciones y cambios hechos, había 838 plazas. En el expediente que se tramitó inicialmente en el otoño de 2016 se triplicaban las plazas, aunque finalmente, en el concurso que se convocó en noviembre de 2016, se diseñó una zona azul con 2.139 plazas en unas sesenta calles.
El anterior gobierno municipal se guió por las proyecciones que sobre la reordenación de la zona azul se proponen en el plan de movilidad urbana, documento que el ejecutivo de Nevado tomó en cuenta para adoptar decisiones sobre el tráfico, la recién inaugurada reforma de Virgen de Guadalupe sigue las indicaciones de este plan. Por las declaraciones de Licerán, el gobierno de Salaya no parece que vaya a seguir las indicaciones del plan de movilidad urbana en lo que propone sobre la zona azul.
El concurso que se convocó en noviembre de 2016 llegó a tener un año después una empresa propuesta, Dornier. Pero los recursos especiales en materia de contratación que presentaron otros dos licitadores fueron aceptados por la Comisión Jurídica de Extremadura, que anuló el concurso. Hace un año, una vez que Dornier anunció que no iba a recurrir el acuerdo de la comisión jurídica, el ayuntamiento pudo volver a sacar a concurso el contrato del servicio público de la zona azul, pero, con las elecciones municipales a pocos meses, el expediente se aparcó. Ahora se tendrá que dar una solución al estacionamiento controlado en un concurso que no será de los más importantes a resolver en esta legislatura, ya que en 2020 toca la basura y la limpieza viaria.
