La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tomará medidas contra las personas procedentes de otras comunidades autónomas que, durante la vigencia del estado de alarma, se han desplazado a Extremadura para ocupar segundas residencias o las de familiares o allegados. El departamento que dirige José María Vergeles ha publicado una orden en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) en la que se recoge que la policía y la Guardia Civil deberán facilitar los datos de identificación de estas personas al Ejecutivo autonómico. La medida se toma en plena Semana Santa y después de que la consejería haya recibido, entre el 15 de marzo y el 5 de abril, un total de 810 peticiones para tramitar tarjetas sanitarias de desplazados, según los datos facilitados a este diario. De ellas, el 54% (441) corresponden a personas procedentes de la Comunidad de Madrid.

Según recuerda la Delegación del Gobierno, el traslado a las segundas residencias está prohibido durante el estado de alarma y el no acatamiento conlleva una sanción de 1.500 euros. Sin embargo, esto parece no ser suficiente para disuadir a muchos: los controles de movilidad se han tenido que reforzar durante los fines de semana y han sido numerosos los ayuntamientos extremeños que, a través de bandos, han tenido que recordar que el traslado a segundas residencias está prohibido.

El primero en hacerlo fue el de Madrigal de la Vera (una localidad en la que tienen segunda residencia muchos madrileños) y a este le han seguido otros como el de Feria, Fregenal, Mengabril, Orellana o Villamiel.

ELEVADO RIESGO / En la resolución del DOE, la Junta emplaza a estos ciudadanos que han incumplido las condiciones del estado de alarma a someterse a un régimen voluntario de cuarentena domiciliaria durante un período de 14 días.

Sin perjuicio de las correspondientes sanciones administrativas, se considera que esos desplazamientos comportan un «elevado riesgo» para la salud pública al facilitar la posible transmisión del coronavirus, en especial cuando estos provienen de regiones con altas tasas de infección como la Comunidad de Madrid, Cataluña o País Vasco.

Por ello, por conducto de la Delegación del Gobierno se dará traslado a las fuerzas de seguridad del Estado y a las policías locales para que notifiquen a la Consejería de Sanidad los ciudadanos que hayan incumplido esta recomendación, tomando razón de su identidad, procedencia y de las circunstancias del incumplimiento. De este modo, si se hubiera producido un riesgo grave o muy grave para la salud pública, se adoptarán las medidas preventivas individualizadas que se consideren pertinentes y, en su caso, se impondrán las sanciones correspondientes.

Los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica a fecha 2 de abril parecen revelar que la cifra de nuevos contagios diarios en Extremadura tiene tendencia hacia la estabilización e incluso al descenso, «de forma que es muy importante evitar por todos los medios nuevas fuentes de posibles contagios».